Juicio por YPF: el fondo Buford Capital reclamó la totalidad de las acciones que están en manos del Estado argentino

El pedido formulado a la jueza de Nueva York Loretta Preska se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga a la Argentina a abonar u$s16.100 millones. Se trata del 51% del paquete accionario de la empresa que el Estado argentino expropió a Repsol en 2012.

El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loretta Preska que autorice la transferencia a su favor de todas las acciones de YPF que posee el Estado argentino. Se trata del 51% del paquete accionario de la empresa que el gobierno de Cristina Kirchner expropió a Repsol en 2012.

Desde diciembre pasado, los beneficiarios del fallo, encabezados por Burford Capital, proponen intentan embargar bienes del Estado que van desde acciones hasta empresas públicas.

"La ley de Nueva York otorga al Tribunal la autoridad para ordenar a Argentina que transfiera sus intereses de propiedad en sus acciones de YPF a los Demandantes a través de una cuenta de custodia global", consideraron los demandantes en su pedido a la jueza Preska.

El trasfondo del juicio contra YPF que se está llevando adelante en Nueva York

Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo.

La demanda lleva más de 9 años de trámite y está en proceso de apelación. En septiembre pasado, la jueza Preska falló en contra de la Argentina al considerarla culpable de expropiar mal la petrolera en 2012.

Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió este viernes.

Según Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.

"En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", dijo Maril.

La ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’", indicó el experto. Consideró que esto ocurre porque la Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".

"Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido", indicó.

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