El fiscal federal Carlos Stornelli confirmó que no se presentará a declarar como testigo en el Congreso en el marco del juicio político contra la Corte Suprema, sino que dará su testimonio "por escrito".
El fiscal federal Carlos Stornelli confirmó que no se presentará a declarar como testigo en el Congreso en el marco del juicio político contra la Corte Suprema, sino que dará su testimonio "por escrito".
Stornelli estaba citado para este martes a las 13 pero según lo informado por la agencia Télam, no asistirá. La asistencia del fiscal había sido pedida por gran parte del sector del Frente de Todos, en lo que es el proceso contra los cuatro miembros de la Corte.
El motivo de la citación a Stornelli fue para que el fiscal justifique haber fomentado, mediante un dictamen, el archivo de la denuncia por presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Presuntamente, en las conversaciones llevadas a cabo por la aplicación Telegram, hablaron acerca de las causas denominadas como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación", mientras éstos ya se encontraban observados por la Corte Suprema.
Además, en la citación a Stornelli, se mencionó que se encuentra obligado a ir a declarar, debido a que se citó un fragmento de la normativa de la Comisión de Juicio Político.
"Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar", se expresa en el reglamento.
También, sobre las consecuencias en caso de que la persona citada no se presente aunque esté obligada a hacerlo, se señala en la normativa que "cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas".
"A los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia", se agrega en este punto.
El fiscal se expresó después de haber promovido el archivo de la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano, exasesor del senador nacional de Juntos por el Cambio Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Inteligencia y defensor de Gabriel Carrizo, uno de los imputados por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
"No puedo dejar de advertir la existencia de obstáculos legales insalvables que impiden ingresar en un análisis sobre el fondo de los hechos investigados", manifestó.
También, aunque sin brindar detalles, agregó: "Ello pues, del análisis de ambas denuncias que nos ocupan no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que, conforme los alcances del objeto procesal de la citada causa CFP 4/2023, podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal".
Nació en 1960 en la Ciudad de Buenos Aires y lleva 30 años en la función pública. En 1993, bajo la segunda presidencia de Carlos Menem, el Senado aprobó su pliego de designación al frente de la Fiscalía Federal 4 de la Capital Federal.
Precisamente estuvo a cargo de la investigación en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, por el que se le dictó arresto domiciliario a Menem en 2001, cuando el presidente ya era De la Rúa.
En 2007 pidió licencia en la fiscalía para asumir como secretario de Seguridad de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Su antecesor, León Arslanian, lo acusó de tener vínculos con la "maldita policía", un sector de la Policía Bonaerense involucrada en casos de corrupción, gatillo fácil, narcotráfico y hasta el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en la década del '90.
Su mala gestión quedó marcada por el papelón durante la búsqueda de la familia Pomar, que murió en un simple accidente vial y tardaron 24 días en encontrarla al costado de una ruta.
Stornelli tejió vínculos con Mauricio Macri a partir de su participación política en Boca Juniors. Formó parte de la Comisión de Seguridad del club xeneize junto a otros destacados personajes de la Justicia, como el juez Ariel Lijo y los fiscales Raúl Plée y Gerardo Pollicita.
En los últimos años quedó involucrado en el escándalo en torno al falso abogado Marcelo D'Alessio, quien integraba una organización paraestatal que realizaba actividades de espionaje ilegal y extorsión.
Stornelli fue acusado por el productor agropecuario Pedro Etchebest de haberlo extorsionado para no involucrarlo en la Causa de los cuadernos.
Si bien el fiscal fue imputado en el marco de esta investigación, jamás asistió a prestar declaración indagatoria, por lo que fue declarado en rebeldía.