El Banco Nación otorgó más de 1.100 créditos hipotecarios a funcionarios durante el Gobierno de Milei

Entre enero del 2024 y marzo del 2026, el Banco Nación entregó un total de 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Los datos, que surgen de información oficial obtenida por Ámbito a través de un pedido de acceso a la información pública, permiten dimensionar por primera vez el alcance de una operatoria que cobró notoriedad luego de que trascendiera que funcionarios de alto rango del Gobierno habían accedido a préstamos hipotecarios por montos millonarios.

Durante el período analizado, la entidad financiera aprobó 25.391 créditos hipotecarios en total. De ese universo, los 1.120 préstamos destinados a Personas Expuestas Políticamente representan cerca del 4,4% de las operaciones, lo que equivale a aproximadamente uno de cada 23 créditos otorgados.

La categoría PEP, regulada por la Unidad de Información Financiera (UIF), comprende a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos alcanzados por controles reforzados para la prevención del lavado de activos. Sin embargo, la clasificación no incluye a todos los funcionarios con responsabilidades dentro del Estado, por lo que la cifra podría no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados a la administración pública.

La cuestión adquirió mayor relevancia después de que se conocieran los casos de varios funcionarios que obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación. Entre ellos figuraron el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez; el secretario de Finanzas Federico Furiase; y Leandro Massaccesi, exfuncionario del Ministerio de Capital Humano.

En paralelo, en septiembre de 2024 el Banco Nación introdujo modificaciones en las condiciones de la línea hipotecaria “+ Hogares”, incorporando explícitamente a los cargos políticos designados o electivos dentro de los potenciales beneficiarios. Esa decisión derivó en una denuncia penal presentada por la diputada nacional Mónica Frade, expediente que quedó radicado en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Tras la difusión de los préstamos obtenidos por funcionarios, el Gobierno buscó restarle importancia a la polémica. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que menos del 0,2% de los créditos correspondían a personas vinculadas al Gobierno.