La impronta del Presidente continúa siendo la que define aspectos fundamentales de la política cotidiana pero existen elementos que muestran que su capacidad de fijar la agenda comienza a estar disputada por otros actores a los que su gestión activa como opositores o, al menos, como nuevos críticos.
Si a esto le sumamos la escalada de violencia simbólica que han instalado los libertarios en la carrera electoral a partir de su estilo agresivo, el futuro se vuelve de difícil pronóstico. La injusta detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es una situación ajena a todo este esquema, por lo que implica para el juego republicano.
De modo larvado, su condena y detención son un mensaje para todo el sistema. Más allá de la búsqueda disciplinante para los demás dirigentes políticos, también les dice algo a otros actores y es, básicamente, que el sistema de derecho se ha perdido en la Argentina.
Abogados, fiscales, jueces e integrantes de la magistratura en general saben, a partir de la triple decisión del establishment judicial contra Cristina, que los libros con los que estudiaron ya no sirven más. Por eso la ex presidenta habló de “terrorismo de Estado de baja intensidad” al reclamar la libertad de los militantes detenidos en cárceles federales por participar de un escrache a José Luis Espert.
En esta línea, lo actuado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, es mucho más que desmedido. Se complementa con el discurso de los dirigentes y comunicadores oficialistas que sugieren que el escrache podría ser el comienzo de una escalada de subversión en el orden público. La doble vara es evidente. La propia ex presidenta recordó un elogio del presidente Milei a una protesta muy similar en Francia, donde productores agropecuarios tiraron bosta contra una oficina estatal como protesta.
El apoyo o, al menos, la comprensión de escraches similares sufridos por dirigentes como Agustín Rossi y Axel Kicilloff también dan cuenta de esa doble valoración. Pero lo más grave es lo que ya señalábamos, la institución de facto de un nuevo sistema judicial con reglas completamente antojadizas, en manos del poder concentrado, que consagran que un gendarme a las órdenes de Patricia Bullrich puede disparar a la cabeza de un fotógrafo y mantenerse impune mientras que un militante terminará en una cárcel federal si realiza una contravención en medio de una protesta.
El escenario se recalienta por estas situaciones pero también por la base material. La rebelión de los gobernadores volvió a sentirse en la Cámara de Diputados cuando la oposición más dura y la dialoguista lograron dos emplazamientos para tratar en comisión un aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan. Si bien son temas incómodos para la Casa Rosada, el dato realmente preocupante para el oficialismo fue que los mandatarios provinciales jugaron de un modo ambiguo y habilitaron la presencia de algunos diputados clave para poder iniciar la sesión.
Incluso entre sus socios, los libertarios han abierto grietas. Luego del Congreso del PRO, Christian Ritondo y Diego Santilli se apuraron en anunciar una alianza cerrada con LLA para las elecciones de la provincia de Buenas Aires. Ritondo, Santilli y Guillermo Montenegro se muestran entregados al poder libertario, cuyos negociadores no conceden dos cosas principales para los intendentes del PRO: que estos últimos tengan la lapicera en las listas de concejales y dejarles espacios dignos en las listas seccionales para la Legislatura.
LLA avanza conserva el 75 % de los lugares en las listas y el color de la boleta será violeta. Por eso, varios jefes municipales amarillos exploran un acercamiento al armado que Emilio Monzó anunció que hará con el radicalismo bonaerense. A nadie escapa que, desde hace un tiempo, el ex presidente de la Cámara de diputados volvió a conversar con Mauricio Macri, luego de varios años de distanciamiento.
Pero además, distintos dirigentes vinculados a las patronales agrarias comenzaron a mostrarse muy críticos con el gobierno, luego de la vuelta de las retenciones. Desde las distintas entidades, se denuncia que el negocio "ya no es rentable" y comienzan a perder la paciencia. Más allá de eventuales protestas, a las que son remisos por afinidad ideológica, está claro que con el descontento lo que se ha anunciado es que no se liquidará un grano más en lo que queda del año. Y eso, a un gobierno que ya no sabe de dónde sacar dólares para mantener el tipo de cambio muy pisado, le representa una muy mala noticia.
Por otro lado, el peronismo reunido este sábado en Merlo dio una demostración de que todos los sectores están interesados en lograr la unidad, acordando un método de funcionamiento que conformó al sector más cristinista y también al novel Movimiento Derecho al Futuro, que tiene como referente al gobernador Axel Kicilloff. Habrá que ver si esta impronta sirve para dejar atrás recelos muy profundos y recientes, e incluso si eso alcanza para que el peronismo pueda hacer una buena elección pero está claro que la ruptura hubiese sido un certificado de victoria segura para la derecha oficialista.