Javier Milei insiste con su receta libertaria, pero su Gobierno apela a la regulación estatal

En ese decreto pergeñado por un puñado de funcionarios del gobierno mileista se determinó la desregulación de la medicina prepaga. De inmediato, las empresas de salud privadas comenzaron a enviar a sus afiliados las cartas con el aviso de aumentos de la cuota, que en sucesivos y desproporcionadas subas llevó los incrementos a más del 300%.

Ese aumento furibundo significó para muchos argentinos –y votantes de Milei– un golpe a la siempre aspiracional clase media. Si como dice el Presidente “el mercado no tiene fallos”, la suba de las prepagas fue un error en la Matrix.

El primero en comentar la situación como si fuese un simple ciudadano fue el ministro de Economía, Luis Caputo. “A las prepagas se les fue la mano”, dijo, como si de él no dependiera el asunto. Y como una mueca siniestra del destino, le tocó al vocero presidencial, y fiel adepto de las huestes libertarias, Manuel Adorni, tener que anunciar la primera intervención estatal. "El Gobierno del Presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista", disfrazó sus palabras el portavoz para anunciar el pasado 17 de abril que el Gobierno ordenó a un grupo de empresas de la medicina prepaga que representan a cerca del 75% de los afiliados a retrotraer el valor de las cuotas a diciembre de 2023. Intervención estatal. Fin.

El dislate se terminó de completar con la presentación de la Superintendencia de Servicios de Salud, que, complementando la medida del Ministerio de Economía, pidió a la Justicia una acción de amparo con el objetivo de retrotraer los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga que estuvieron por encima de la inflación. Es decir, el mismo Gobierno que había firmado el decreto que desreguló los precios ahora iba a la Justicia a pedir que ponga orden al desorden espontáneo.

Tal fue la contradicción de principios del Gobierno, que el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS). Primero, el propio Belocopitt fue un entusiasta militante de la justificación del desmedido aumento, pero cuando vio que Milei lo iba a embaucar, arrió la bandera de la libertad y se llamó a silencio.

“El Estado no sirve para nada”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad, y con la caballerosidad que lo caracteriza el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, planteó, sin proponérselo, la diferencia entre un liberal ilustrado y un libertario rudimentario: “Se necesita un Estado fuerte para gozar de la libertad”, dijo el mandatario uruguayo.

Pero a pesar de que el líder del equipo libertario sigue planteando las bondades del anarcopitalismo, sus jugadores políticos y económicos apelan a las buenas prácticas de la casta política y a las regulaciones que cualquier nación del mundo –capitalista o no– aplica para equilibrar las fuerzas, para dotar a la sociedad de un punto de partida para que comience la carrera a fuerza de mérito y esfuerzo individual.

En la lógica mileista, los programas de regulación de precios son parte de los males que vienen aquejando a la Argentina desde hace décadas. Sin embargo, con la sutileza de los buenos modales, Luis Caputo, fue también el encargado de exponer públicamente que la suba de precios en los supermercados era “desmedida”. Y el paso siguiente fue reunirse con los supermercadistas para pedirles que no hagan promos 2x1, sino que bajan los precios. Pacto de caballeros que le dicen, los supermercadistas bajaron los precios –para el Gobierno aún hay más margen sin perder rentabilidad–.

El ajuste de shock lanzado por Javier Milei, quien festeja un superávit financiero aplicando contabilidad creativa, conlleva mucho de licuadora y poco de motosierra. Entonces, la lucha contra la inflación se vuelve en una caída fenomenal de la actividad, con una discusión que ya no es por el salario sino por el empleo. Similitudes mediante con los '90, el país entró en una lógica de salarios precarizados y desesperación por no perder el puesto de trabajo.

El ajuste de precios relativos –cierto es que estaban absolutamente distorsionados– también conlleva que el último precio que se arregle sea el salario.

En ese sentido, un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) refleja la brutal caída del salario mínimo que perdió más de 34% desde la asunción de Javier Milei.

Es por eso que, en el afán de controlar la inflación a cualquier precio, el Gobierno vuelve a apelar a la regulación para no convalidar paritarias que estén por encima del IPC. Es decir, una discusión entre empleados y empleadores. Un acuerdo entre privados, para decirlo de manera más contundente, vuelve a ser alcanzado por las garras del Estado que tanto odia Milei.

A esta altura, cabe la pregunta: ¿no nos viene adoctrinando Javier Milei sobre el daño que el Estado hace al meterse en el virtuosismo de la libertad absoluta? Bueno, parece que, a esta altura, la intervención estatal es buena si la hace él y es mala si la hacen argentinos con “disonancia cognitiva”, tal como diagnosticó el Presidente a quienes no piensan como él.

Para quitarle presión a la inflación y a los bolsillos de los argentinos, el Gobierno decidió postergar nuevamente la entrada en vigencia del nuevo tramo del Impuesto a los combustibles para evitar que haya aumentos más fuertes en mayo. Sin embargo, hoy las empresas petroleras actualizaron desde los valores de los combustibles en un 4% debido a la devaluación mensual del peso frente al dólar del 2% y el aumento del barril del petróleo. Según cálculos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), ese incremento debería haber sido del 8% si se aplicaba la suba del impuesto.

La frutilla de la regulación fue la decisión del Ministerio de Economía conocida anoche, que decidió postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad que tendrían que haberse aplicado a partir de mayo. Fuentes oficiales indicaron a C5N que “se está evaluando cuando efectivizará la suba, pero que aún no hay una fecha establecida”.

Desde este 1 de mayo debía empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación. Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.

Los entes reguladores ya tienen calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas: 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas.

A esto hay que sumarle que la cartera económica debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos y medios en gas y electricidad, si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos, y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.

Todo esto queda en suspenso como parte de la regulación estatal que también tiene pisado el dólar con una devaluación mensual del 2%, que pese a que Milei insulte y menosprecie a quienes “no la ven”, ya hay un consenso mayoritario del atraso cambiario que empieza a padecer la economía y que en la historia argentina nunca terminaron bien. “Viva la libertad (y el Estado) carajo”.