Javier Milei apuesta a pasar el invierno mientras acumula frentes de tormenta

La apuesta no deja de tener algo de revelador. Un oficialismo que llegó al poder prometiendo una transformación histórica parece encontrar más alivio en los acontecimientos que no controla que en los resultados de su propia gestión. Como si la euforia futbolera o una visita papal pudieran hacer el trabajo que no logran los indicadores económicos, la recuperación del consumo o la mejora de los ingresos.

La historia argentina, sin embargo, ofrece pocos antecedentes que justifiquen semejante esperanza. Los triunfos deportivos suelen generar alegría, orgullo y conversación pública, pero rara vez modifican las condiciones materiales de una sociedad. Argentina ganó el Mundial de Qatar en diciembre de 2022 y menos de un año después el oficialismo sufrió una derrota electoral contundente. Ninguno de los problemas económicos desapareció por levantar la Copa del Mundo. La inflación siguió allí, la crisis continuó y el humor social terminó expresándose en las urnas.

Algo similar ocurre con la eventual visita de León XIV. Será una gran noticia para Milei cuando se anuncie, pero el Papa que podría aterrizar en la Argentina no parece especialmente predispuesto a bendecir el credo económico y tecnológico que guía buena parte de las decisiones oficiales.

Mientras el Gobierno profundiza sus vínculos con magnates tecnológicos, negocia inversiones con figuras como Peter Thiel y presenta proyectos pseudo futuristas como el denominado "gemelo digital", que entrañan un avance concreto en el control social por parte de las grandes corporaciones, el nuevo pontífice advirtió en su primera encíclica precisamente sobre los peligros de dejar el desarrollo tecnológico en manos de actores privados cada vez más poderosos.

El Papa también rechaza otra de las premisas centrales del discurso libertario: la supuesta neutralidad de la tecnología. "No es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza", afirmó. Los algoritmos, los datos y la inteligencia artificial no flotan por encima de los intereses económicos; tienen propietarios concretos, responden a incentivos específicos y expresan relaciones de poder tan reales como cualquier otra estructura económica.

La distancia con la visión oficial se vuelve todavía más evidente cuando León XIV afirma que "en las decisiones que se refieren a los flujos económicos, las plataformas digitales, la gestión de los datos y los algoritmos, no se puede dejar que pocos actores por sí solos orienten los procesos".

Por supuesto que la sumisión no es solo con los tecno ricos. Apenas diez días después de que la embajada difundiera la firma del acuerdo entre Estados Unidos y la Armada Argentina que habilita la participación del Comando Sur en tareas de patrullaje y monitoreo sobre el Mar Argentino durante los próximos cinco años, Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas y a una delegación oficial enviada desde Washington.

Lamelas, tal como prometió en el Senado norteamericano, tiene una actividad frenética. Presiona a gobernadores, llama a legisladores y sigue de cerca el proceso de licitación de la Hidrovía, la ruta por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. Aquí mismo contamos que los directivos de la empresa Jan de Nul fueron a prometerle a la embajada que China no tiene nada que ver con la alianza que busca monopolizar la gestión del Paraná. Esta semana fueron un poco más allá y se comprometieron a contratar a empresas norteamericanas para los insumos tecnológicos. El lobby da resultados.

La escena encaja además con el resto de las iniciativas que impulsa la Casa Rosada. Mientras el RIGI y el futuro Súper RIGI amplían beneficios extraordinarios para grandes capitales extranjeros, el Estado argentino cede espacios de decisión sobre recursos, infraestructura y sectores considerados estratégicos. El objetivo fue explicitado y es abrir cada vez más áreas de la economía y de la soberanía nacional al arbitrio de actores privados y externos.

Pese a la cesión de soberanía regulatoria por 30 años que implica el proyecto, el Gobierno cree contar con los votos necesarios y buscará cerrar el primer semestre con la ley aprobada en ambas cámaras. Este miércoles, funcionarios del Palacio de Hacienda asistirán al Congreso y, esa misma tarde, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados iniciará su tratamiento.

Mientras espera que el calendario juegue a su favor, el Gobierno no abandona su objetivo central: profundizar un programa de reformas orientado a transformar las reglas económicas, políticas e institucionales de la Argentina en favor de esos intereses.

El bloque libertario espera además que lleguen desde el Senado iniciativas vinculadas a la inviolabilidad de la propiedad privada y a un nuevo esquema de resolución para reclamos de acreedores externos. En la Cámara alta también se acumulan otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, entre ellos la denominada Ley Hojarasca, modificaciones al régimen de Zonas Frías, cambios en la ley de etiquetado frontal y una nueva legislación sobre ludopatía. Cada uno de estos proyectos beneficia o le interesa a un sector de poder y, por supuesto, le da la espalda a las mayorías. La reforma electoral sufrirá modificaciones.

Aunque los proyectos abordan temas diferentes, todos parecen orientarse hacia una misma dirección. El Estado retrocede en capacidad regulatoria, mientras se amplían garantías para grandes actores económicos, fondos de inversión, corporaciones multinacionales y sectores con fuerte capacidad de influencia sobre las decisiones públicas.

La apuesta oficial resulta particularmente llamativa a la luz de los resultados obtenidos hasta ahora. Pese a haber impulsado uno de los marcos normativos más favorables para el capital extranjero de las últimas décadas —con beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios inéditos— la Argentina continúa figurando entre los países menos elegidos por la inversión extranjera directa en América Latina.

Brasil, México y Colombia siguen liderando la captación de inversiones internacionales en la región. Brasil recibió cerca de u$s80 mil millones de inversión extranjera durante el último año. Colombia, con una economía de dimensiones comparables a la argentina, captó alrededor de u$s12 mil millones. Argentina, en cambio, apenas superó los u$s3 mil millones, pese a haber convertido la atracción de inversiones en uno de los ejes centrales de su estrategia.

La contradicción se volvió todavía más evidente en los últimos días. Mientras el Gobierno argentino insiste en que la competitividad depende de reducir regulaciones, flexibilizar condiciones laborales y disminuir costos empresariales, Brasil acaba de aprobar en la Cámara de Diputados una reforma para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, garantizando además más tiempo de descanso para los trabajadores sin reducción salarial. El chiste se cuenta solo. Milei, Sturzenegger y Caputo presentan a los derechos laborales como un obstáculo para el crecimiento económico y la llegada de inversiones, pero el país que más capital extranjero recibe en América Latina acaba de avanzar en una medida que va exactamente en sentido contrario.

A esa tensión entre relato y realidad se suma otro problema que enerva al oficialismo, y es que los propios indicadores de la economía real contradicen el optimismo que intenta instalar. Esta semana, Javier Milei volvió a acusar al periodismo de llevar adelante un "ataque desproporcionado e injusto" contra su gobierno y aseguró que "nunca en la historia argentina hubo un spread tan grande entre lo que ocurre en la economía y lo que dicen los medios de comunicación".

El Presidente reclama reconocimiento por la desaceleración de la inflación y la estabilidad financiera, pero la industria manufacturera continúa destruyendo empleo. Según datos relevados por Industriales Pymes Argentinos a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el sector perdió cerca de 49 mil puestos de trabajo formales en la comparación interanual y acumula una caída superior al 4%.

Los números de la actividad industrial tampoco acompañan el entusiasmo oficial. Informes de la Unión Industrial Argentina muestran nuevas caídas en distintos indicadores productivos. La producción automotriz retrocedió 3,9%, la demanda eléctrica de grandes usuarios industriales bajó 2,9%, la producción láctea cayó 5,3%, la faena vacuna 4,5% y la elaboración de bebidas 1,7%.

La construcción volvió a mostrar señales contradictorias. Mientras los despachos de cemento cayeron 5,7% respecto del mes anterior, el Índice Construya registró una mejora de 5%. Sin embargo, el rebote no alcanza para modificar el panorama general. Ambos indicadores continúan muy por debajo de los niveles previos al ajuste económico: los despachos de cemento se ubicaron 22,5% por debajo de los registros de 2022, mientras que el Índice Construya acumuló una caída de 30,3% frente a ese mismo año. Más que una recuperación consolidada, los datos reflejan una actividad que sigue lejos de recomponer el terreno perdido.

Si bien los indicadores financieros ofrecen señales positivas para determinados actores, la economía que produce, invierte y genera trabajo continúa en picada. Hasta en los sectores productivos más favorecidos hay señales de esto. La venta de tractores se desplomó 31,2% en el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año pasado. Pero además de la caída del mercado, los fabricantes nacionales perdieron participación. Según datos del INDEC procesados por el Instituto Consenso Federal, los tractores de producción nacional pasaron de representar el 84% de las ventas al 72%, mientras que los importados crecieron del 16% al 28% del mercado.

El gobierno libertario, aunque ya no caiga en las encuestas de imagen, sigue presa de su propia hipocresía. Llegó al gobierno prometiendo combatir privilegios, enfrentar castas y devolver libertad a los ciudadanos. Sin embargo, buena parte de sus iniciativas parecen orientadas a fortalecer a quienes ya concentran recursos, capacidad de presión e influencia sobre las decisiones públicas. Mientras tanto, los salarios continúan rezagados, la industria pierde empleo, el consumo permanece debilitado y amplios sectores de la sociedad siguen esperando beneficios que el modelo promete, pero que nunca aparecen.

Otro desafío llegará después de la actuación de Messi y cia. El Gobierno tendrá la difícil tarea de volver a seducir a gobernadores que hasta ahora acompañaron, pero que ya piensan en las elecciones y en la economía. El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió esta semana con Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Saénz, de Salta. La tiene dura porque, de los $2,5 billones que Económicas recortó del gasto, los ajustes más resonantes fueron los que hizo en las áreas de Salud y Educación, pero el renglón de "transferencias a provincias y municipios" recibió un sablazo de $971.450 millones, casi un 40% del total.

Un ejemplo dramático del ajuste a las provincias se vio en una entrevista al intendente de Embalse Río Tercero, Mario Rivarola. Tras los 45 despidos en la Unidad Turística cordobesa, que el Gobierno nacional busca vender o concesionar, el jefe comunal se quebró asegurando que el municipio atraviesa una situación límite también por la caída de la coparticipación. El municipio recibe unos $220 millones mensuales, pero necesita $330 millones para afrontar el pago de salarios, por lo que debe recurrir a créditos para cubrir la diferencia. "No duermo, no como. Estoy desesperado", expresó y cuestionó la falta de respuesta del Gobierno nacional: "No nos escuchan al interior del interior", afirmó, al reclamar asistencia para enfrentar la crisis que atraviesa la localidad.

En definitiva, detrás de cada debate legislativo, de cada acuerdo internacional y de cada controversia económica, se discute quién conduce el país, quién acumula poder y en función de qué intereses se toman las decisiones fundamentales. Una discusión que ningún Mundial, ninguna visita papal y ningún indicador financiero pueden postergar indefinidamente. El dinosaurio seguirá ahí.