Infiltraciones, burocracia y obsesión anticomunista: qué dicen los primeros archivos desclasificados de la SIDE

A pocos días de que se cumplan 50 años del golpe que instauró la última dictadura militar en la Argentina, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) difundió una serie de documentos históricos desclasificados, que detallan su actuación en el período que va desde 1973 hasta la recuperación de la democracia, a finales de 1983.

Los archivos desclasificados fueron publicados en la tarde este jueves en las redes sociales del organismo, en un compilado de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE, elaborada para facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores.

En el anuncio de la iniciativa, la SIDE señaló que "la iniciativa se integra a una política orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad". Además, indicó que se realizó por orden del presidente Javier Milei y confirmó que tras su difusión, el material será enviado al Archivo General de la Nación para facilitar la consulta por parte del público.

Importante desde el punto de vista documental, la desclasificación no aporta, sin embargo, datos de relevancia que no se supieran -o intuyeran- sobre el accionar de la SIDE en ese periodo y, en este sentido, resalta la ausencia de nombres propios en el medio centenar de páginas que conforman esta primera tanda de revelaciones. No hay referencia a ninguna operación o investigación contra ningún político, sindicalista, personaje de la cultura o periodista, de las tantas que está probado que se realizaron en aquellos años.

Por otra parte, la decisión de que la desclasificación comience en 1973 parece tener como intención solidificar la posición del Gobierno libertario de que la represión y sus prácticas comenzaron antes del golpe, durante los mandatos de Juan Domingo e Isabel Perón.

Burocracia e identidades ficticias

Una parte importante de los documentos, que van del 1 de enero de 1973 al 10 de diciembre de 1983 cuando el país pasó de la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse a la asunción de Raúl Alfonsín, abarca cuestiones de tipo burocráticas y de reordenamientos internos, como los cambios del nombre del organismo estatal que anteriormente se denominaba Secretaría de Informaciones del Estado.

En un primer análisis, los documentos confirman y detallan muchas de las actividades que eran de dominio público acerca de las actividades del organismo de inteligencia del Estado durante aquel periodo histórico. En particular, las infiltraciones y actividades de espionaje no solamente sobre organizaciones consideradas subversivas, sino también sobre el ámbito de la educación, el sindicalismo, la cultura y los medios.

En este sentido, uno de los aspectos más relevantes es la institucionalización del “encubrimiento” y la "infiltración" como práctica sistemática. A fines de 1975 se establecen normas específicas que regulan el uso de identidades ficticias tanto para el personal como para las dependencias. Estas disposiciones indican que los agentes debían firmar documentos internos con nombres encubiertos y utilizar códigos para identificar áreas del organismo, evitando toda referencia directa a la estructura real.

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El sistema no se limitaba a lo documental. También abarcaba las comunicaciones telefónicas y los contactos personales dentro de la institución. Los agentes debían identificarse mediante alias y siglas incluso en conversaciones internas, y evitar mencionar cargos o destinos. Todas lógicas bastante conocidas para especialistas en la materia, pero que no dejan de tener interés para el público, ya que brindan detalles que permiten ampliar la comprensión de lo que fue la llamada "guerra sucia" durante la dictadura.

La lucha contra el "peligro rojo"

Según se detalla en varios de los archivos, para realizar estas actividades la SIDE contaba con una red de delegaciones en distintas ciudades del interior del país —como Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario, entre otras— y estructuras dedicadas a la inteligencia internacional, con divisiones específicas para América Latina, el bloque occidental y el bloque comunista.

Entre la gran cantidad de documentos, hay órdenes como la directiva de producir inteligencia sobre los países que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), China y otras zonas del sudeste asiático así como analizar la doctrina y estrategias del movimiento comunista a nivel global. También documentos que ordenaban analizar bases de datos en el ámbito "subversivo" mundial y de sus conexiones con otras similares en Argentina.

Otro elemento repetido es la prioridad otorgada al seguimiento de fenómenos políticos e ideológicos. La existencia de departamentos vinculados a “subversión mundial”, análisis sociopolítico y organizaciones armadas da cuenta de que la producción de inteligencia estaba fuertemente orientada a monitorear actores considerados riesgosos en el contexto de la Guerra Fría y el ordenamiento del país dentro de la lucha contra el comunismo impulsada desde Estados Unidos en la región, a través de su tristemente famoso Comando Sur.

El origen de la desclasificación

La decisión de desclasificar estos archivos fue anunciada hace un año, durante la conmemoración del Día de la Memoria cuando el actual jefe de Gabinete y por entonces portavoz oficial, Manuel Adorni, señalaba que Javier Milei había ordenado avanzar con la implementación de un decreto de la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner de 2010 pero que nunca había sido puesto en práctica. "El presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino", remarcaba el entonces vocero del Gobierno.