Hidrovía: denuncia penal por presunto direccionamiento en la licitación

El Gobierno finalmente desoyó la denuncia penal presentada ante la justicia de Comodoro Py para que se investigara la licitación pública por la Hidrovía, que se había sumado a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático exigía que se investigara una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación, que incluía en la acusación a la empresa Jan De Nul, quien finalmente se quedó con el negocio.

La denuncia, presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti, hablaba de una “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y se reclama una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.

Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en “u$s7.000 millones”.

Uno de los ejes centrales de la denuncia era la confección de un pliego “a medida” para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado.

El texto afirmaba que “la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica”, particularmente la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, condición que —según los denunciantes— “garantiza un oferente único”.

“Es una licitación con un solo corredor”, sostenía el escrito. Y agregaba: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.

La denuncia también cuestionaba el esquema de cobro del peaje. Según los denunciantes, el Gobierno buscaba que el concesionario privado volviera a recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos (AGP). “Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, afirmaba el texto.

En otro tramo, el escrito aseguraba que “si algo funciona y da superávit, ¿por qué lo querés privatizar de nuevo? La única respuesta es la caja”. Y añadía: “El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”.

Además, denunciaba que habría existido una “purga silenciosa” de técnicos dentro de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Según el escrito, funcionarios “desplazaron a los cuadros técnicos que hacían las observaciones sobre los costos de dragado” para reemplazarlos por perfiles alineados con el nuevo esquema.

“La Hidrovía es el ejemplo más obsceno de cómo se maneja este Gobierno: con una mesa chica que decide por encima de las instituciones”, afirmó la denuncia.

También sostenía que “no es una privatización mal hecha; es una privatización bien hecha para los fines que ellos buscan: el desfinanciamiento del Estado y la entrega de una renta extraordinaria dirigida a un grupo de amigos”.

Entre las medidas de prueba solicitadas, la fundación pedía el secuestro de borradores de los pliegos, auditorías sobre la rentabilidad de la AGP, pericias navales para determinar cuántas empresas podían cumplir con el requisito de los 44 pies y el relevamiento de comunicaciones y expedientes administrativos.

También reclamaba una cautelar para frenar el proceso licitatorio. “Se dicte una medida cautelar de no innovar disponiendo la suspensión inmediata del proceso licitatorio de la Hidrovía hasta tanto se auditen los pliegos y se garantice la transparencia del proceso”, concluía la presentación. El Gobierno hizo caso omiso a todas las advertencias.