El abogado Gregorio Dalbón advirtió este martes que la sentencia contra la expresidenta Cristina Kirchner que el martes pasado confirmó la Corte Suprema de Justicia "va a ser anulada" una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita su fallo.
"Esta sentencia va a ser anulada. Los organismos internacionales de Derechos Humanos van a lograr que esta sentencia termine anulada. La sentencia tiene dos destinos: nulidad o absolución", advirtió Dalbón, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.
El abogado se basó en el artículo 366 inciso F del Código Penal Federal, que señala que "un comunicado de un organismo internacional que indique que hubo violaciones a las garantías de defensa en juicio o de debido proceso, si lo informa, la Argentina tiene que cumplir y es vinculante".
Por último, se refirió al director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. "Espero que viva para que vea lo que vamos a hacer con esta sentencia: la vamos a pulverizar. Porque es una vergüenza, es una aberración, es ilegal, es arbitraria y es inconstitucional", concluyó Dalbón.
Cuáles son las reglas que deberá cumplir Cristina Kirchner durante la prisión domiciliaria
El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, resolvió que la expresidenta Cristina Kirchner cumpla su condena a seis años de cárcel en el marco de la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria, para lo cual fijó una serie de reglas de conducta.
El magistrado notificó a la titular del Partido Justicialista (PJ) de manera virtual, de manera que ya no tendrá que presentarse este miércoles ante los Tribunales de Comodoro Py, como estaba previsto.
Además, fijó tres reglas de conducta que Cristina "tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión". La primera establece que debe permanecer en el domicilio fijado "salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente".
"Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción", sostuvo.
El segundo punto determina que "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".
Este es uno de los puntos que más preocupaban al Gobierno de la Ciudad, que incluso había solicitado al TOF 2 que Cristina no cumpliera la prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, ya que la presencia de manifestantes afectaría "gravemente" la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales.
Por último, el juez Gorini determinó que la expresidenta tiene un plazo de 48 horas hábiles para "presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan".
Estas personas "podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado".
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que estará encargada de supervisar la ejecución de la detención domiciliaria, deberá presentarle al juez Gorini un informe cada tres meses en el cual "se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas".