Extraordinarias al límite: dos sesiones, una agenda cargada y un error de cálculo

El Congreso entrará la semana que viene en una de las etapas más intensas del período de sesiones extraordinarias, con dos debates centrales en apenas 48 horas y una agenda que ya quedó definida tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, detrás del ritmo acelerado surge un desafío para el oficialismo: el calendario y el reglamento podrían complicar el tratamiento de la reforma laboral.

Este martes, en el Salón de Honor del primer piso de la Cámara de Diputados, se reunió la mesa de jefes de bloque para ordenar el calendario parlamentario. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto al secretario parlamentario Adrián Pagán, y contó con la participación de representantes de todos los bloques: desde Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por La Libertad Avanza hasta Germán Martínez por Unión por la Patria, Cristian Ritondo por el PRO, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot por Encuentro Federal, Pamela Verasay por la UCR y los bloques provinciales y de izquierda.

Allí se resolvió que el régimen penal juvenil será el proyecto con el que se iniciará el tratamiento en Diputados durante el período de sesiones extraordinarias. De hecho, en las semanas previas habían circulado especulaciones sobre si el Gobierno abriría el debate legislativo en la Cámara baja o en el Senado, una definición que finalmente se inclinó por Diputados.

El oficialismo prevé convocar a las comisiones el martes próximo, emitir dictamen el miércoles 11 y llevar el proyecto al recinto el jueves 12. Según pudieron consignar fuentes parlamentarias en off, el texto que se pondrá en discusión fijaría el piso de la baja de edad de imputabilidad en los 14 años, luego de las dudas iniciales sobre si el Gobierno avanzaría con los 13 años, como impulsaban algunos sectores del oficialismo. La definición da cuenta de que, para lograr la aprobación, el Ejecutivo deberá ceder en uno de los puntos más sensibles del proyecto.

En paralelo, el Senado ya activó su propio cronograma. Ayer, tras una reunión de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con senadores dialoguistas, se formalizó el pedido de sesión especial para el miércoles 11, con la reforma laboral como tema central del temario. Llama la atención que quedara afuera la ley de glaciares, que cuenta con dictamen desde diciembre.

De este modo, la semana legislativa quedará marcada por dos sesiones clave: el miércoles 11 en el Senado, con la reforma laboral, y el jueves 12 en Diputados, con el régimen penal juvenil.

El reloj como adversario

Aunque el oficialismo se muestra confiado y asegura que avanza en la construcción de consensos, la reforma laboral enfrenta un obstáculo que no tiene que ver exclusivamente con los votos. En el Gobierno sostienen que el respaldo está encaminado —“si no, no pediríamos sesionar”, repiten—. Desde diciembre, el oficialismo despliega un intenso trabajo político: el ministro del Interior se reúne con gobernadores y Patricia Bullrich con senadores dialoguistas, en busca de acuerdos antes de la sesión.

El contenido final del proyecto sigue rodeado de hermetismo. Desde el oficialismo advierten que los cambios se conocerán recién al llegar al recinto, un secretismo que generó críticas en la oposición: “Cuando se compran y se venden artículos, el secretismo es condición”, tuiteó la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica).

En paralelo, otras fuentes parlamentarias reconocen que el Gobierno continúa trabajando en ajustes, en particular en el capítulo fiscal de la iniciativa, que incluye la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para empresas. Se trata de uno de los puntos más sensibles de la reforma y uno de los que mayor resistencia genera entre los bloques dialoguistas.

Mientras el oficialismo sostiene que el respaldo necesario está encaminado, en el Congreso admiten que la definición final dependerá del desarrollo de las negociaciones en los días previos a la sesión.

Ahora, el principal riesgo es técnico. Febrero es un mes corto y, además, tiene los feriados de carnaval, que este año caen el lunes 16 y martes 17. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes deben firmarse hasta diez días antes de la finalización del período de sesiones. Como el decreto presidencial fija el cierre de las extraordinarias para el viernes 27 de febrero, el último día para dictaminar en Diputados es el 17, justamente un feriado.

Esto reduce drásticamente el margen para que la reforma laboral complete su recorrido parlamentario en extraordinarias. El Presidente tiene una salida sencilla: ampliar por decreto el período hasta el 28 de febrero, lo que habilitaría dictaminar hasta el miércoles 18. Aun así, el escenario sería ajustado: el oficialismo debería lograr dictamen prácticamente el mismo día en que se reúna por primera vez la comisión, ya que después del jueves 12 muchos legisladores planean regresar a sus provincias para aprovechar el fin de semana largo.

La solución existe, pero el episodio deja expuesto un nuevo tropiezo en la planificación legislativa del Gobierno. La semana que viene se perfila como decisiva: la agenda ya está definida, los votos siguen en discusión y el calendario juega en contra.