En plena tensión por Malvinas, Tierra del Fuego exigió derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido

En tal sentido, alertó sobre el contenido de la Ley. "Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de 'nación más favorecida' y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio. Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución", aseveró.

El convenio bilateral firmado en Londres en 1990 y después ratificado por el Congreso en 1992, bajo la presidencia de Carlos Menem, se trata de uno de los pilares jurídicos de la relación económica entre ambos países tras el conflicto de Malvinas. Surgido del proceso de normalización diplomática iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, el tratado prohíbe aplicar a los inversores británicos un trato inferior al que reciben los inversores locales o los de cualquier otro Estado.

En tanto, asegura el libre giro de utilidades al exterior, prohíbe las expropiaciones sin una indemnización correspondiente y habilita el recurso a tribunales arbitrales internacionales ante eventuales disputas. Además, en caso de una decisión unilateral de derogar o denunciar el tratado, las inversiones registradas durante su vigencia mantendrán la protección legal y sus beneficios por un período adicional de 15 años, lo que limita el impacto de una cancelación legislativa.

El Gobierno anunció que denunciará a cinco petroleras por operar en Malvinas sin autorización argentina

La Oficina de Presidencia anunció que el Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra cinco empresas petroleras extranjeras que operan en la Cuenca Malvinas Norte con licencias otorgadas por el Reino Unido, consideradas ilegales por la Ley 26.659.

El comunicado subraya que la medida busca proteger los recursos naturales y reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, el presidente Javier Milei instruyó priorizar en el Presupuesto 2027 la construcción de una Base Naval Integrada y proyectos estratégicos para reforzar la seguridad nacional.

De acuerdo al comunicado oficial, la acción apunta tanto a las compañías como a sus directivos y busca frenar la explotación de hidrocarburos en un territorio que Argentina reivindica como propio. "Todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan participado de los hechos bajo investigación", indica el texto oficial.

La demanda será presentada en la Cámara Federal porteña por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. El escrito apunta directamente contra las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte.

Según el comunicado oficial, tres de esas firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para explorar y extraer hidrocarburos bajo el proyecto Sea Lion, lo que para la Casa Rosada constituye una violación de la normativa argentina sobre recursos naturales en torno a las Islas Malvinas.