El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

En una sesión cargada de tensión política y con un trasfondo patrimonial que generó debate en distintos sectores, el Senado aprobó con 56 votos afirmativos y apenas cuatro en contra un proyecto que busca impedir la subasta del predio donde funciona el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa establece que el terreno ocupado por la histórica unidad militar sea declarado “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”, lo que en la práctica frena cualquier intento de venta. De este modo, queda sin efecto el procedimiento administrativo que había impulsado el gobierno de Javier Milei para avanzar con la subasta del inmueble.

El lote en cuestión tiene una extensión de 42.044 metros cuadrados y se encuentra en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, en una zona de alto valor inmobiliario. Actualmente está ocupado por el grupo chileno Cencosud, que lo utiliza para actividades comerciales, aunque el contrato de ocupación establece que el predio será desocupado hacia diciembre de 2026.

La decisión de blindar el destino del terreno se apoya en dos ejes: por un lado, la significación histórica del Regimiento de Patricios, fundado en 1806 y con un papel central en las invasiones inglesas, la defensa de Buenos Aires y distintos episodios de la historia argentina. Por otro, la importancia estratégica de preservar un espacio militar en un área urbana de relevancia para las Fuerzas Armadas.

La votación, con amplio respaldo, fue celebrada por distintos sectores como una resistencia al avance de los planes privatizadores que Poder Ejecutivo impulsó en los últimos meses bajo la premisa de generar ingresos y reducir el déficit fiscal.

Con la media sanción del Senado, el expediente ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Allí se espera un debate igual de intenso, ya que desde el oficialismo anticiparon que insistirán con la idea de “racionalizar” los bienes del Estado.