La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes en Casa Rosada. El encuentro sumará dos caras nuevas: el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes hasta ahora no habían participado de los habituales encuentros que viene encabezando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos estarán presentes esta vez para avanzar con los temas anunciados por el presidente Javier Milei en la cadena nacional que brindó el jueves relacionados a la causa Malvinas.
En su mensaje, el Presidente anunció la firma de un DNU para incrementar la partida presupuestaria destinada a la cartera de Defensa, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales frenar las operaciones petroleras ilegales en las Islas Malvinas.
También se anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego —cuyo inicio se remonta a 2022 bajo la gestión de Alberto Fernández— y el giro al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones fijadas en la Ley 26.659, que fue aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner y que penaliza las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Además de Karina Milei, Quirno y Presti, estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.
Las PASO, el tema que más preocupa a Karina Milei
La reforma electoral que contiene la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se convirtió en una prioridad estratégica para la secretaria general de la Presidencia, quien considera que es algo fundamental para restarle margen de maniobra a la oposición y posibilitar la reelección de su hermano.
Pese a que el oficialismo pretende iniciar el debate en comisiones del Senado el 15 de septiembre —según los plazos anticipados por Patricia Bullrich—, la iniciativa carece por el momento de los votos necesarios.
El proyecto apunta a desactivar la herramienta con la que los bloques opositores dirimen sus disputas internas, pero enfrenta un escenario complejo ante la falta de respaldo de los gobernadores aliados, una advertencia que la propia Bullrich ya había planteado semanas atrás a la conducción política.
