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El Gobierno le respondió a la UBA sobre la crisis de financiamiento de los hospitales universitarios

Luego de que desde la Universidad de Buenos Aires alertaran sobre la posible paralización de las instituciones ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento, el Ministerio de Capital Humano retrucó que "se transfirió mensualmente a esa casa de estudios la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por el Presupuesto".

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  • Luego de que la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertara este lunes sobre la posible paralización de los hospitales universitarios y exigiera el pago de los recursos adeudados por el Poder Ejecutivo debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento, el Ministerio de Capital Humano retrucó que el Gobierno "transfirió mensualmente a esa casa de estudios la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por el Presupuesto".

    "Frente a las falsas acusaciones por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires sobre el financiamiento de los hospitales universitarios, el Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento", sostuvo en un comunicado la cartera que conduce Sandra Pettovello.

    "El reclamo de la UBA, basado en una nota oportunamente respondida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida 'Hospitales Universitarios' prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948. Esa partida corresponde a la totalidad del sistema de hospitales universitarios del país, y el área aún debe contemplar su distribución eficiente entre todas las casas de estudio que cuentan con hospitales", precisa el texto.

    El ministerio señaló que "la UBA solicitó, por nota del 30 de abril de 2026, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional; de acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país.

    "El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución", concluye el texto.

    Los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de presupuesto, advirtió la UBA

    Las autoridades académicas denunciaron que "en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales". Frente a esta crisis, los directores de la red sanitaria brindarán una conferencia de prensa este martes a las 8.30 frente al Hospital de Clínicas.

    La falta de recursos afecta a seis instituciones que asisten a más de 700 mil personas por año: el Hospital de Clínicas, los institutos Roffo, Lanari y Vaccarezza, el Hospital Odontológico y el de Veterinaria. Según la universidad, el Estado adeuda $20.000 millones correspondientes a los primeros cuatro meses del Presupuesto 2026.

    El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió a las intimaciones oficiales. "Celebramos que por primera vez el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales", sostuvo el dirigente.

    El funcionario universitario apuntó directo contra la gestión oficial en su descargo final. Señaló que "el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente".

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