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El Gobierno eliminó un impuesto obligatorio para la portación de armas de fuego

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) resolvió a través de la Resolución 77/2025 eliminar la tasa anual obligatoria que debían abonar los usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro para mantener vigente su habilitación.

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  • En una medida que generó polémica y alarma entre especialistas en seguridad y organizaciones civiles, el gobierno de Javier Milei resolvió eliminar la tasa anual obligatoria que debían pagar los usuarios registrados de armas de fuego y extendió a cinco años el plazo de vencimiento de las inscripciones. La medida favorece y facilita la compra de armas al flexibilizar los requerimientos para su adquisición

    Este lunes la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) resolvió tales medidas a través de la Resolución 77/2025. Sin embargo, las autoridades de ANMAC informaron que respecto a los usuarios comerciales del rubro importador y transportistas, las normas se mantendrán sin modificaciones debido a que las competencias no corresponden a la agencia.

    Desde el organismo se justificó la medida dentro de un proceso de “simplificación y desburocratización de los trámites”, en línea con la filosofía del gobierno de reducir la intervención estatal en los asuntos del sector privado. En ese marco, las direcciones de Registro y de Fiscalización de la ANMAC fueron instruidas para adecuar sus procedimientos a los cambios dispuestos.

    El Gobierno facilitó la compra de armas semiautomáticas de uso militar

    La semana pasada habilitó la posibilidad de que usuarios civiles adquieran armas semiautomáticas de uso militar siempre y cuando pueden justificar su utilización en actividades deportivas. La medida fue oficializada mediante el Decreto 397/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

    La decisión implica una modificación sustancial al régimen de control sobre armas semiautomáticas civiles, especialmente aquellas alimentadas con cargadores desmontables, como fusiles, carabinas o subametralladoras derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.

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