Después de tres años sin actividad, la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) volvió a reunirse la semana pasada y tomó una serie de decisiones que encendieron alarmas entre legisladores de la oposición y trabajadores del organismo. En una reunión que no fue transmitida por los canales institucionales del Congreso ni por Youtube, el oficialismo y sus aliados rechazaron la memoria anual de la oficina, exigieron documentación de los últimos tres años y ordenaron una auditoría integral sobre el organismo.
La ofensiva se produce sobre una de las pocas estructuras técnicas del Estado que producen información económica independiente del Poder Ejecutivo. Creada por ley en 2016, la Oficina de Presupuesto del Congreso elabora informes sobre las cuentas públicas, analiza la ejecución presupuestaria y calcula el impacto fiscal de los proyectos de ley. En otras palabras, funciona como una herramienta para que diputados y senadores puedan discutir números propios y no dependan exclusivamente de los datos que provee el Gobierno.
Por eso, la decisión de avanzar sobre la oficina despertó preocupación en distintos sectores. "Quieren frenar la OPC y poner a los propios", resumió una fuente parlamentaria a C5N. Y agregó: "Es lo mismo que pasó con el INDEC".
La disputa adquiere una dimensión particular porque la OPC es justamente el organismo encargado de producir buena parte de la información presupuestaria y fiscal que luego utilizan los legisladores para controlar al Poder Ejecutivo. Sus informes analizan la ejecución del gasto, el impacto fiscal de distintas medidas y el costo de los proyectos de ley que pasan por el Congreso. También es la oficina encargada de calcular cuánto cuestan las leyes que aprueba el Parlamento y cuál es su impacto sobre las cuentas públicas.
Para algunos sectores de la oposición, allí radica la principal contradicción. Mientras el gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su capital político alrededor del superávit fiscal, el control del gasto público y la defensa de la libertad económica, ahora avanza sobre uno de los organismos encargados de producir información técnica independiente sobre esas mismas variables. "Al final terminan definiendo qué información se produce y qué indicadores se priorizan", advirtió una fuente parlamentaria.
La reunión fue encabezada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch y el senador Agustín Monteverde. También participaron la diputada del PRO Diana Fernández Molero, la senadora radical Silvana Schneider y el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto, quien fue el único que votó en contra de las medidas. El jefe del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, estuvo presente, aunque sin voto.
Según distintas fuentes consultadas, la discusión se desarrolló con escasa información previa para los participantes. "No nos dejaron ver ni el plan anual ni la memoria. Fue todo a libro cerrado", aseguró uno de los presentes.
La primera decisión fue rechazar la Memoria Institucional 2025 de la OPC y exigir una rendición detallada de todas las operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias realizadas entre 2023 y 2025. La segunda fue ordenar una auditoría integral sobre el organismo, incluyendo sus aspectos administrativos, financieros, patrimoniales, legales y operativos.
La resolución también habilita el desembarco de equipos de auditoría interna del Senado y Diputados para relevar documentación, revisar sistemas informáticos y preservar evidencia digital. En los hechos, implica el ingreso de personal externo al organismo para revisar buena parte de su funcionamiento interno.
Las medidas recaen sobre una oficina que ya venía atravesando tensiones con el oficialismo. El mes pasado sufrió un recorte presupuestario y, según distintas fuentes, permanecen demorados concursos para incorporar analistas especializados. La situación impacta directamente sobre la capacidad operativa del organismo, cuya tarea principal consiste en procesar información económica y presupuestaria para asistir al Congreso.
La oficina es conducida por Gabriel Esterelles, un economista con antecedentes en el peronismo pero reconocido por su perfil técnico en materia de economía y finanzas públicas. Designado a mediados de 2023 mediante concurso y con mandato por cinco años, la auditoría ordenada por la bicameral comprende prácticamente todo el período transcurrido desde su llegada a la Dirección General.
Desde la oposición interpretan que la secuencia no es casual. Sostienen que el recorte presupuestario, la demora en la cobertura de cargos, la reactivación de una comisión que llevaba años sin reunirse y la auditoría extraordinaria forman parte de una misma estrategia para disciplinar a un organismo que produce información sensible sobre la ejecución presupuestaria y el impacto fiscal de las decisiones del Gobierno.
La diputada Julia Strada fue una de las voces más críticas. Según planteó, el Gobierno busca avanzar sobre una oficina que cumple un rol central para el control parlamentario de las cuentas públicas. "Mi solidaridad con las y los trabajadores de la OPC", escribió tras conocerse las decisiones adoptadas por la bicameral.
Detrás de la disputa aparece una discusión más profunda: quién produce la información económica con la que luego se debaten las políticas públicas. La OPC nació justamente para que el Congreso pudiera contar con una fuente propia de análisis y no dependiera exclusivamente de los números elaborados por el Poder Ejecutivo. Es esa autonomía la que, según denuncian sus críticos, hoy quedó en el centro de la disputa.
