El Gobierno denunciará a más empresas que operan en Malvinas: también alcanzará a sus directivos

La Oficina del Presidente anunció una nueva serie de demandas contra compañías por presuntas "actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina" y aclaró que comprenderán a sus integrantes.

El Gobierno anunció una nueva serie de denuncias contra empresas sospechosas de desarrollar actividades vinculadas al petróleo y el gas en la Plataforma Continental Argentina, luego de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En un comunicado, el Gobierno confirmó las demandas contra diferentes compañías ya que las acusó de infringir la Ley de Hidrocarburos: "La Oficina del Presidente informa que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.º 26.659".

En tal sentido, remarcó que las presentaciones también comprenderán a los directivos de las firmas: "Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades. Ello derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos".

El comunicado de la Oficina del Presidente.

El comunicado de la Oficina del Presidente.

En tanto, la administración libertaria se refirió a su postura contra las violaciones a la integridad territorial. "El Estado Nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional. Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos", expresó.

"El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables", concluyó.

Qué dice la Ley 26.659 mencionada por el Gobierno

La Ley 26.659 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.

Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen:

  • Inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años.
  • Cese de las concesiones hidrocarburíferas (en caso de poseerlas), que se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según corresponda.
  • Cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se le hubieran concedido.
  • Prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos.
  • Prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de 150 mil a 1.5 millones de barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización, encargare o realizare cualquier actividad de extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento.
  • En el caso de las personas jurídicas, las sanciones también pueden incluir la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años, y la cancelación de la personería.

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