El Gobierno consideró "inaceptable" que la Justicia bonaerense suspenda la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

El Gobierno calificó como "inaceptable" la decisión de la Justicia bonaerense de suspender la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el sábado había entrado en vigencia luego de su sanción en el Congreso de la Nación. En conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier señaló que lamentan "profundamente" la decisión tomada por la jueza Marta Elba Pascual e instaron al distrito a que "se sume plenamente al nuevo régimen garantizando que el que las hace las paga”.

“Los datos oficiales nos muestran que el delito juvenil es un problema grave que aumenta año tras año y se da cada vez de manera más violenta. Un adolescente de 14 años tiene el desarrollo cognitivo necesario para comprender perfectamente la criminalidad de sus actos y comprende que si acciona un arma contra otro ser humano le quitará la vida", señaló el portavoz en un primer momento.

En ese sentido, recordó que "nosotros éramos junto con Cuba los únicos países de toda la región que sostenían la impunidad penal hasta los 16 años. Mientras tanto países vecinos ya contaban con un umbral de imputabilidad establecido a los 14 , 13 y 12 años", en referencia a Brasil, Uruguay y Paraguay.

“Lamentamos profundamente la decisión de la Justicia bonaerense de suspender cautelarmente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Resulta inaceptable que tras un constante incremento de los delitos cometidos por menores en el territorio bonaerense se siga postergando una herramienta indispensable para terminar con la impunidad, proteger a las familias y garantizar un verdadero esquema de integración social", señaló Ravier.

“Desde el Gobierno Nacional instamos a que la provincia de Buenos Aires se sume plenamente al nuevo régimen garantizando que el que las hace las paga”, completó.

La Justicia suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires

En un fallo, la jueza Marta Elba Pascual advirtió que la reglamentación podría violar los derechos humanos: "Lo que corresponde analizar es si existen circunstancias objetivas que permitan concluir que la aplicación inmediata del régimen establecido por la ley 27801 pueden ocasionar una lesión grave, actual o inminente a derechos fundamentales de las personas adolescentes privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires".

En tal sentido, remarcó que el Estado podría no tener los recursos ni los lugares adecuados para detener a los jóvenes. "En síntesis se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia", señaló.

En tanto, la magistrada señaló que la Ley llevaría a un notorio incremento en la cantidad de personas presas: "Este aumento si bien será progresivo y por lo tanto llevará un tiempo hasta evaluar el incremento definitivo en la cantidad de personas detenidas, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas".

La reglamentación quedó establecida a nivel nacional mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. El organismo tendrá a su cargo la implementación del régimen, el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la articulación con las distintas jurisdicciones.