El Gobierno avanza por decreto con la implementación del sistema acusatorio

Desde el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, aseguraron que se busca "modernizar los mecanismos de persecución penal" a través de "nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas".

El Gobierno, a través de un decreto de necesidad y urgencia, avanzó este lunes con la implementación del régimen procesal penal sancionado en 2014, que introduce el sistema acusatorio que ya rige en Jujuy y Salta. Desde el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, aseguraron que se busca "modernizar los mecanismos de persecución penal" a través de "nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas".

La medida se implementó a través del DNU 188/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que dispone el establecimiento de un cronograma para la implementación progresiva del nuevo proceso.

"En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente. Es fundamental concluir la reforma sin demora, y brindar a las fiscalías las herramientas necesarias para investigar y combatir el crimen organizado, así como otros delitos que tanto afectan a nuestra sociedad", destacaron desde el Ministerio de Justicia.

Por su parte, Cúneo Libarona había tuiteado el viernes que "es prioritario que se reanude la aplicación del sistema acusatorio para darle a los argentinos un sistema de justicia que sea justo".

Decreto 188-2024

El sistema acusatorio: de qué se trata

El sistema acusatorio, incluido en la Ley 27.063 aprobada en 2014, implica un empoderamiento de los fiscales. Según el Ministerio Público Fiscal, "las partes, desde posiciones equivalentes, plantean su visión del caso al juez o tribunal, que decidirá con imparcialidad y sólo con la información que le proporcionen las partes. El juez no puede suplir la actividad de las partes, y debe considerar sólo lo que hayan discutido".

La prueba debe ser producida por las partes en presencia de los jueces, quienes luego, en función del conocimiento adquirido y los planteos que reciban deberán adoptar decisiones.

El impulso de los fiscales a las investigaciones puede redundar en mejoras en causas con hechos que suelen ser complejos, es decir que incluyen más de un tipo penal, como sucede en el fuero federal. Cuando se investiga una organización delictiva hay más de un delito en juego.

Esa complejización de las causas torna todavía más dificultoso el camino a recorrer por los jueces que, por ejemplo, deben decidir sobre la excarcelación de un imputado a la vez que investigan su responsabilidad.

Los delitos investigados actualmente por jueces de instrucción o primera instancia con competencia federal son, precisamente, los que afectan intereses federales; son aquellos que apuntan contra “la renta y la seguridad de la Nación”. Contrabando, tráfico de drogas, evasión fiscal y lavado de dinero son algunos de ellos.

La implantación del sistema acusatorio afectaría a estos juzgados con competencia en todo el país, ya que cada provincia cuenta con sus propios códigos procesales, algunos de los cuales ya lo incluyen.

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