El Gobierno apelará el fallo que reactivó la Ley de Emergencia en Discapacidad

La gestión libertaria insiste en que la norma fue aprobada sin establecer las fuentes de financiamiento necesarias para su cumplimiento. Según el Gobierno, esa omisión vuelve inviable su aplicación en los términos ordenados por la Justicia y podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico oficial.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Si bien fue promulgada, el Ejecutivo resolvió posteriormente suspenderla mediante el Decreto 681/2025, con el argumento de que el Congreso no definió cómo financiar las medidas previstas.

La suspensión generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que advirtieron sobre el impacto directo en tratamientos, servicios e instituciones. En ese contexto, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, que derivó en la sentencia ahora apelada.

En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a las restricciones presupuestarias, y recordó los compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales.

La definición final quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene la aplicación inmediata de la ley o si avala la postura del Ejecutivo sobre la falta de financiamiento y los límites de las competencias entre los poderes del Estado.