La Cámara de Diputados se prepara para una nueva pulseada con el Ejecutivo. En un escenario de mayoría, la oposición busca imponer la agenda parlamentaria con proyectos que afectan directamente las herramientas de gestión del presidente Javier Milei. La intención de sesionar el próximo miércoles fue confirmada en las reuniones de labor parlamentaria, aunque algunos bloques plantean como alternativa el 8 de octubre.
El Congreso vuelve a desafiar a Javier Milei: la oposición presiona para aprobar cambios en la ley de DNU
Diputados se encamina a sesionar el próximo miércoles con un temario que incluye la reforma del régimen de DNU y proyectos reclamados por los gobernadores.
El eje central será la reforma del Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, que ya cuenta con media sanción del Senado y que limita la discrecionalidad presidencial. La iniciativa establece que el rechazo de una sola Cámara alcanzaría para anular un DNU y fija un plazo máximo de 90 días para su tratamiento. Además, prohíbe la emisión de decretos con materias múltiples, como ocurrió con el 70/23 de desburocratización del Estado.
La oposición, integrada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda, un sector del PRO y bloques provinciales, busca acelerar el trámite antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. “El Gobierno pretende gobernar por decreto. Si no se limita, el Congreso queda reducido a un rol testimonial”, advirtió un diputado que respalda el proyecto.
El temario incluye también dos reclamos de los gobernadores: la modificación del reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la forma de pago de los Adelantos del Tesoro, que pasarían a transferirse de manera diaria junto a la coparticipación. Ambos puntos ya recibieron apoyo en el Senado y generan tensión con la Casa Rosada, que intenta recomponer el vínculo con las provincias en medio de las negociaciones con los organismos internacionales.
Otro frente abierto es la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la reglamentación de la Ley de Discapacidad, cuestionada por organizaciones y legisladores.
En paralelo, los bloques opositores avanzan en un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que se fije un cronograma de tratamiento del Presupuesto 2026 y evitar que, como ocurrió el año pasado, el debate quede sin dictamen.
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