La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realizará este jueves un paro de 24 horas con movilización al Congreso en reclamo de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario que ya cuenta con media sanción de Diputados y esta semana se tratará en el Senado. Desde el Gobierno ya adelantaron que, de aprobarse, vetarán la iniciativa como hicieron con la ley de movilidad jubilatoria.
"El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs definió convocar a un paro de 24 horas el jueves 12 de septiembre y a movilizar al Congreso durante el tratamiento de senadores del proyecto que busca prever por ley los fondos destinados a las universidades nacionales, tanto para gastos de funcionamiento como para salarios de docentes y no docentes", indicó la Conadu a través de un comunicado.
Además se definió participar de la movilización que realizarán los jubilados este miércoles frente al Congreso cuando la Cámara de Diputados trate el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba las jubilaciones mínimas.
Las claves de la Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto establece declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
También establece una distribución fija del presupuesto universitario, al asignar el 85% a gastos salariales y el 15% a gastos generales y de funcionamiento. Para los gastos de funcionamiento, introduce un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor -IPC- (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%).
Además modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
Finalmente, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a realizar ajustes presupuestarios para actualizar el presupuesto de las universidades al 1° de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023. Sin embargo, es una autorización y no una obligación.