Diputados debatirá tres proyectos para sancionar el negacionismo de los crímenes de la dictadura

Los proyectos que tienen estado parlamentario fueron presentados por los diputados del Frente de Todos Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés y proponen diferentes sanciones a los que propagan discursos negacionistas en los diferentes medios de comunicación.

El proyecto de la diputada nacional y precandidata a senadora Carolina Moisés, presentado esta semana, busca sancionar penalmente el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.

"La iniciativa incluye además de la represión por el Código Penal, una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa", explicó Moisés, quien agregó que lo que se busca es "dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica".

En tanto, el diputado cordobés Eduardo Fernández presentó un proyecto en septiembre del 2022, que tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación e incorpora al Código Penal los delitos de negacionismo y/o apología de apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad, donde se fija que será reprimido de tres meses a dos años a quien públicamente niegue, apologice o reivindique este tipo de delitos.

Por otra parte, la diputada Estela Hernández presentó otro proyecto, en marzo del 2022, para sancionar e incorporar en el Capítulo VI del Código Penal el delito de negacionismo.

La iniciativa de la legisladora chubutense propone reprimir este delito con prisión de dos meses a dos años, y en el caso de los funcionarios públicos que hubieren incurrido en el delito previsto en el primer párrafo, sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

Estas iniciativas no lograron avanzar hasta el momento debido al escenario de extrema paridad que enfrenta el oficialismo en la cámara baja: el Frente de Todos cuenta con 118 legisladores y Juntos por el Cambio con 116, mientras que la comisión de Legislación Penal donde deben debatirse estas iniciativas está en manos de la oposición.