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Dictan una medida cautelar para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos

El Juzgado Federal N° 1 de La Plata intervino ante los fuertes recortes que atraviesa el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), disponiendo una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar los fondos necesarios para su funcionamiento.

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  • El Juzgado Federal N° 1 de La Plata intervino ante la situación financiera que atraviesa el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) partir de los recortes del Gobierno a esta institución clave en la lucha por la identidad, disponiendo una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar los fondos necesarios para su funcionamiento.

    El magistrado Alejo Ramos Padilla dio curso a esta resolución tras las advertencias formuladas por fiscales especializados, quienes calificaron el presente del organismo como de vulnerabilidad extrema. La preocupación central radica en que la escasez de recursos financieros pone en serio peligro la integridad de las muestras biológicas custodiadas y la realización de las pericias vinculadas a investigaciones sobre la apropiación sistemática de menores durante la última dictadura.

    La fundamentación: el BNDG es “esencial e irremplazable

    En su fundamentación, el juez destacó que la institución no es solo un laboratorio de alta complejidad, sino una pieza fundamental para el cumplimiento de las obligaciones de reparación del Estado ante crímenes contra la humanidad. La resolución subraya que la normativa vigente impone la continuidad operativa de esta entidad sin interrupciones ni demoras, dada su relevancia en la reconstrucción de la identidad de las víctimas.

    En la argumentación de la medida se concluye que “el Banco Nacional de Datos Genéticos reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados, en tanto constituye el perito oficial exclusivo previsto por la Ley 26.548 para la obtención, almacenamiento y análisis de información genética necesaria en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”.

    El origen del conflicto: la motosierra sobre los derechos humanos

    El origen de este conflicto se encuentra en el brutal recorte del gobierno de Javier Milei al organismo (como a otros muchos vinculados con las políticas de derechos humanos) ya que la asignación proyectada para el ciclo 2026 alcanza apenas poco más de la mitad de lo que el propio organismo estimó como indispensable para cubrir sus costos básicos.

    Esta ajuste afecta áreas transversales que van desde la seguridad y el mantenimiento edilicio hasta la conservación técnica de los laboratorios y la cobertura de vacantes en puestos estratégicos de la estructura jerárquica.

    La trayectoria del banco ha sido determinante en la resolución de casos históricos de restitución de identidad, permitiendo que numerosas personas recuperaran sus vínculos biológicos originales. Al respecto, el tribunal mencionó experiencias previas donde el aporte científico del BNDG fue el factor decisivo para esclarecer la verdad jurídica en procesos de supresión de estado civil ocurridos en la región.

    Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el Banco Nacional de Datos Genéticos "está en peligro"

    La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo alertó que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo de referencia a nivel mundial y clave para identificar a los bebés apropiados durante la última dictadura cívico-militar, "está en peligro" de quedar paralizado por los recortes y ajustes que impulsa el gobierno de Javier Milei.

    A través de un comunicado difundido este jueves, Abuelas denunció "el ahogo presupuestario" que sufre la institución y "su consecuente peligro de parálisis si el Gobierno nacional no otorga la ampliación del crédito presupuestario, necesaria para continuar con su normal funcionamiento".

    La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó que enfrentan "una situación crítica de operatividad" que "compromete la continuidad de servicios esenciales". Si se interrumpen, eso derivará "en la suspensión o demora en la producción de pericias genéticas" y "correría riesgo la adecuada preservación de muestras biológicas que constituyen prueba judicial".

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