Descubren que empresas pedían cautelares para importar productos y las "alquilaban"

Acto seguido, un juzgado le da la razón y le otorga una medida cautelar provisoria para liberar las mercaderías a importar sin cumplir con el trámite. Esa cautelar obliga a su vez al Banco Central a girarle dólares para el pago a valor oficial.

Pero eso no es todo, porque la firma consigue que la justicia le prorrogue esa cautelar en tres oportunidades, incluso ampliando la cantidad de operaciones por las que reclama protección. y dólares. Y, aquí viene lo más increíble, la orden judicial original es “alquilada” y utilizada por otra importadora para ingresar sus productos al país sin que lo advierta la AFIP, el BCRA ni el Gobierno.

Contrabando de cautelares

El caso descripto, que reveló una investigación de Ámbito, ocurrió en el tribunal Contencioso Administrativo Federal. El 28 de marzo de 2022, la empresa Yoko SA pidió extender una demanda contra la Secretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo y la AFIP con el objetivo de obtener una cautelar para liberar varias SIMI (como se llama a la autorización en el Sistema integral de monitoreo de importaciones).

La firma, ubicada en la avenida Warnes, declaró que era titular de la marca Bagcherry y que precisaba importar materiales para seguir produciendo en el país productos de marroquinería. Tiempo después obtuvo la orden de parte del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.

Ya en abril del año anterior la misma jueza le había liberado la primera tanda de SIMI, y cinco meses después había conseguido extenderla, con el argumento de que la demora en la validación de la SIMI por parte de las autoridades era “injustificada, arbitraria e irrazonable”. Gracias a la cautelar, la empresa introdujo una docena de trámites para importar y más adelante repitió la maniobra.

Pero en ese procedimiento la Dirección General de Aduanas descubrió un detalle: entre las autorizaciones que logró Yoko SA para liberar mercadería le había “cedido” la autorización a la firma Tropea SA, firma dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. El total de la mercadería en dos envíos superó los u$s 200 mil.

Lo que más extrañó a la Aduana fue que una persona apoderada de Tropea autorizaba a Yoko SA a realizar “cualquier gestión aduanera relacionada a la AFIP” relacionada con la importación de bienes bajo su marca; también a “comprar y a vender” bajo la marca Tropea y a trasladar los bienes durante un mes.

Finalmente Yoko SA no utilizó la SIMI y se le “transfirió” a Tropea, simulando que Yoko estaba autorizada a comercializar la marca entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Es decir, justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI pre autorizada de Yoko. Conclusión: Yoko le “alquiló” la cautelar a Tropea para que pudiera importar su mercadería. Una maniobra que puede constituir un delito penal.

Por eso, el organismo que comanda Guillermo Michel bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario y de una multa y los acusó de haber violado el Código Aduanero. Pero además se presentó ante el juzgado de Madariaga de Negre y le reclamó iniciar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa en el marco de una importación, un posible delito federal.

La investigación requirió un equipo de 15 personas para cruzar la documentación de las SIMI, las cautelares y la mercadería efectivamente nacionalizada: hay profusa evidencia de que el “alquiler” de cautelares era frecuente.

Las razones para otorgar cautelares ya eran discutibles, especialmente para bienes suntuarios como autos de lujo o aviones. Estos casos muestran algo aún peor: el intercambio de esta herramienta judicial desvirtúa su propósito natural, que es proteger un derecho vulnerado de quien la solicita, burlando a la Justicia para habilitar negocios.