Denuncian a altos funcionarios de la ANSES por presuntas maniobras de corrupción y direccionamiento de contratos

Una denuncia penal presentada en las últimas horas ante la fiscalía de Guillermo Marijuan puso bajo la lupa a la cúpula de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El escrito, que involucra a más de veinte funcionarios de alto rango, reclama que se investiguen presuntas maniobras de corrupción, direccionamiento de contratos y el posible armado de una red interna con fines de enriquecimiento personal.

La causa fue sorteada y quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. Entre los señalados figuran el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, la secretaria general Paula Amor, y su colaborador Gastón Palacios, además de otros nombres vinculados a áreas operativas y de control interno.

Según el texto de la denuncia, las maniobras se habrían gestado desde la Secretaría General, bajo la conducción de Amor con la participación de sectores clave como Programación y Control de Gestión Operativa, Trámites Complejos y Control Interno. Se describe un “circuito paralelo” de decisiones que habría beneficiado a firmas con vínculos directos con algunos de los funcionarios acusados.

Entre las empresas mencionadas figura América Virtual S.A., proveedora de servicios tecnológicos, cuyas facturaciones, según los denunciantes, “se multiplicaron groseramente” durante la actual gestión. También se señalan contrataciones millonarias con SAP, por 19 millones de dólares, y con IBM, por 44,6 millones, esta última a través de la intermediaria GyL, que alquilaría los servidores al Estado.

El documento judicial sostiene que estas operaciones presentan sobreprecios injustificables y adjudicaciones direccionadas. Además, se advierte sobre el supuesto interés de Amor y su entorno por tomar el control de la Dirección de Sentencias Judiciales, encargada del pago de retroactivos a jubilados, un área de alto flujo de fondos.

De confirmarse los hechos, las conductas denunciadas podrían encuadrarse en asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y otras figuras previstas en el Código Penal.

Fuentes judiciales consultadas no descartan que el expediente, aún en etapa preliminar, derive en un proceso de alto impacto político y administrativo dentro del organismo previsional. Si se comprueban las maniobras, podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más significativos del actual ciclo de gestión en la ANSES.