De la euforia financiera a Adorni, el relato choca con la realidad

Manuel Adorni ya no es vocero del Gobierno y tampoco es jefe de Gabinete, en la práctica. Eso viene sucediendo desde hace demasiadas semanas, casi desde el comienzo del escándalo que tuvo como primer capítulo el viaje de su esposa en el avión presidencial. Lo novedoso, 90 días y cientos de miles de dólares después, es que ya no convence ni como vocero de sí mismo.

Luego de la entrevista con José del Río en LN+, solo queda saber cuánto tiempo más tolerará, sin renunciar, la unanimidad del repudio a su deficitaria defensa; si durará la obcecación de Javier Milei y su hermana por mantenerlo en su puesto o si será el Congreso el que lo eche. Esto último parece lejano, pero se activó tímidamente luego de la desventura televisiva. Las dos primeras posibilidades son una incógnita.

Hay otros cuestionamientos importantes para hacer. Por ejemplo, que el problema de fondo no es Adorni ni los demás funcionarios corruptos que proliferan en el Gobierno, sino un esquema que ya logró beneficiar a los más ricos y perjudicar a los que menos tienen. U otro más general y quizás más trascendente: si esos mismos sectores beneficiados seguirán promoviendo un esquema que erosiona la democracia, consolida un Poder Judicial que sirve cada vez más para perseguir que para impartir justicia y destruye el entramado productivo del país.

Volviendo al tema, Adorni funciona como un agujero negro para cualquier noticia positiva que el Gobierno genere. A nada se le presta atención más allá del jefe de Gabinete. De hecho, esta semana el Gobierno quería hablar de la economía porque se conocieron datos muy favorables, de acuerdo con los objetivos de la gestión de Milei y Luis Caputo. La baja del riesgo país, los mercados festejando esa calificación y la leve desaceleración de la inflación en una Argentina que —según el relato oficial— empezaría a dejar atrás la crisis. Pero Adorni fue a la televisión y arruinó todo.

No es que el excolumnista económico sea el único responsable de haberse presentado a una entrevista en un canal amigo y haber dado explicaciones muy flojas de papeles, admitiendo además que mintió y evadió. Su defensa judicial la preparó un reputadísimo estudio jurídico y la mediática, el equipo de Santiago Caputo.

De hecho, la presentación ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no funcionó como cierre del caso. Adorni declaró un patrimonio superior a los $944 millones y reconoció dólares que antes no aparecían en sus presentaciones.

La explicación oficial tiene tres patas: que parte del dinero corresponde a ahorros previos a su llegada al Estado; que unos u$s506.000 provienen de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018; y que las omisiones anteriores no fueron maniobras ocultas, sino bienes que nunca habían sido incorporados correctamente.

El primer problema es que nadie lo creyó, ni siquiera entre sus compañeros de gabinete. El segundo es que esa explicación ahora debe pasar la prueba de la Justicia. En las últimas horas se ordenaron nuevas medidas de prueba: reconstruir el historial laboral y de ingresos de Adorni y su esposa desde 2012, pedir información a ARCA, ANSES y otros organismos, determinar cuánto valían los bitcoins cuando supuestamente fueron comprados y cuánto valen hoy.

Además, se pidió incorporar todas las grabaciones disponibles en las que Adorni habló públicamente sobre Bitcoin. En muchas de las que se difundieron, Adorni decía no saber nada del tema o mostraba desconfianza sobre ese tipo de inversión. Y son de cinco años después de que supuestamente ganara una fortuna con ellas. Un cuento chino.

Claramente, la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, apunta a bajar el impacto judicial del expediente. En otras palabras: que Adorni no vaya preso. La idea es que, si la causa avanza, quede encuadrada en una eventual omisión maliciosa, una figura menos grave y excarcelable, y alejarla de acusaciones como enriquecimiento ilícito, evasión o lavado, que tienen penas más severas.

Hay un dato que demuestra lo fallido de la estrategia. Antes de la entrevista, distintos voceros oficiosos deslizaron que, cuando terminara, habría un apoyo masivo de funcionarios en las redes. Los antecedentes le daban verosimilitud a la versión porque el propio Presidente fue a apoyarlo cuando se presentó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, después de sus explicaciones frente a Del Río, nadie salió a respaldarlo. Y encima llegó la réplica de sus aliados.

El PRO de Mauricio Macri salió con dos comunicados duros en las últimas horas y terminó enviándole un mensaje directo a Javier Milei. Primero planteó que "a esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con transparencia". Después fue más lejos: "Presidente: los que estamos apoyando el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni".

El PRO se sumó así a una postura compartida con Juan Schiaretti, los otros diputados cordobeses de Provincias Unidas y la senadora Alejandra Vigo. La UCR, aunque no impulsó formalmente una interpelación, también tomó distancia y cuestionó públicamente al jefe de Gabinete.

El peronismo ya activó el mecanismo parlamentario para la sesión del 23 de este mes. El bloque que conduce Germán Martínez era remiso a avanzar con un pedido de interpelación hasta hace poco tiempo porque no quería aparecer como golpista, pero la presentación de la declaración jurada y lo que sucedió en LN+ cambiaron el clima y las intenciones.

La interpelación necesita dos tercios de los votos, mientras que la moción de censura requiere mayoría absoluta —la mitad más uno— en ambas cámaras. Quienes impulsan la salida de Adorni aseguran que, con el corrimiento del PRO y la UCR, el escenario dejó de ser imposible.

Pero Macri deslizó en las últimas horas que, más allá de los tuits que promovió, no está a favor de que los legisladores del PRO acompañen. Parece una bravata del expresidente porque ya le habían hecho notar que, a esta altura, solo controla a un diputado —Fernando de Andreis— y que Christian Ritondo acomodó a la tropa amarilla para no ir en contra de los deseos de Karina Milei, con quien está negociando que Diego Santilli sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Como ya dijimos, Adorni también le complicó al Gobierno una semana en la que quería mostrar resultados económicos. La mejora en la evaluación de Standard & Poor's, la baja del riesgo país hacia la zona de los 450 puntos y la reacción positiva de los mercados eran la foto que Milei y Luis Caputo buscaban instalar como prueba de que el rumbo funciona. Pero eso también es una pretensión fantasiosa del relato oficial. Salvo para un núcleo muy duro de convencidos, esos números "positivos" empalidecen frente a los de la economía real.

Los últimos datos del INDEC mostraron que la industria cayó 2,8% en abril contra el mismo mes del año pasado y 2,1% respecto de marzo. La construcción también retrocedió: 2,8% interanual y 4% mensual. El contraste fue fuerte porque apenas un mes antes el Gobierno había festejado los números de marzo: la industria había crecido 5% interanual y la construcción había saltado 12,3%. Con esos datos, Milei y Caputo salieron a plantear que la recuperación ya estaba en marcha. El ministro incluso habló de "los 18 meses más felices de la Argentina". Pero no. La economía argentina es un serrucho en el fondo de un pozo.

Hay más. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en marzo se destruyeron 10.728 empleos asalariados registrados y se perdieron otros 17.685 trabajadores independientes entre monotributistas, monotributistas sociales y autónomos. Además, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empresas registradas, un 5,2% del total. En el último año cerraron 14.203 firmas. Claramente, Adorni no es el principal problema de la Argentina.

También esta misma semana se cumplió un año de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la polémica causa Vialidad. En distintos ámbitos, Unión por la Patria volvió a denunciar "proscripción" contra la expresidenta y cuestionó las condiciones de su prisión domiciliaria.

En el Congreso presentaron un informe que sostiene que Cristina atraviesa un régimen de detención más restrictivo que muchos condenados por narcotráfico o delitos de lesa humanidad. Según los datos expuestos, de 2.513 personas con prisión domiciliaria, solo el 1,76% tiene restricciones de visitas. También cuestionaron el uso de tobilleras electrónicas y señalaron diferencias con otros regímenes de detención.

Las dos noticias políticas y los datos económicos parecen no tener relación si se leen de modo superficial, pero hay un sistema ahí que opera de modo muy claro. Es el que, según sus críticos, se activó con mucha fuerza en diciembre de 2015. El lawfare es presentado como el garante de un sistema que persigue a opositores y brinda impunidad a quienes llevan adelante un modelo en el que las mayorías quedan afuera.

La situación de Cristina Kirchner funciona como un gesto disciplinador para dirigentes políticos. La última pregunta que queda por hacerse es si la vida de las mayorías ha mejorado o empeorado en esta década perdida.