Pidieron suspender la adjudicación del 90% de las acciones de la compañía hasta que se conozca cuánto vale oficialmente. Sostienen que el organismo declaró reservados los informes de valuación mediante una resolución que no fue publicada en el Boletín Oficial.
Cuatro legisladores nacionales presentaron un amparo para exigirle al Gobierno que revele la tasación oficial de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y solicitaron una medida cautelar para frenar la adjudicación de la licitación destinada a vender el 90% de las acciones de la empresa estatal.
La presentación fue realizada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. La acción apunta contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía y a cargo de Diego Martín Chaher.
Los legisladores pidieron que la Justicia ordene la entrega inmediata de dos documentos: el texto completo de la Resolución ATEP 1/2026, mediante la cual se declaró reservada la información sobre las tasaciones de las empresas públicas, y el informe integral de valuación de AySA, con sus criterios metodológicos, proyecciones económicas y tasa de descuento aplicada.
Además, reclamaron que se suspenda el procedimiento de adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26 y que el Gobierno se abstenga de firmar el contrato de concesión o transferencia accionaria hasta que se entregue la documentación.
“Se consolidará un daño irreversible sobre el patrimonio público nacional”, advirtieron en el escrito, al sostener que avanzar con la operación sin conocer la valuación oficial impediría controlar si el precio de venta se corresponde con el valor real de la compañía.
Uno de los principales cuestionamientos de la presentación judicial apunta a la decisión de la ATEP de mantener bajo reserva los informes de tasación de las empresas públicas que se encuentran en procesos de privatización.
Según relataron los legisladores, el organismo dictó el 1 de abril de 2026 la Resolución ATEP 1/2026, que estableció el carácter reservado de esos documentos. Sin embargo, denunciaron que la norma no fue publicada en el Boletín Oficial.
Para los firmantes, esa decisión resulta incompatible con la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y con el principio de publicidad de los actos de gobierno.
En ese sentido, sostuvieron que “toda la información en poder del Estado es, por definición, accesible”, salvo las excepciones expresamente previstas por la legislación.
También cuestionaron que la ATEP haya rechazado sus pedidos de información, presentados el 12 de agosto y el 28 de septiembre de 2026. De acuerdo con el escrito, la respuesta del organismo fue invocar la reserva de la documentación y cuestionar la legitimación de los legisladores para reclamarla.
Los denunciantes consideran que esa negativa no solo afecta el derecho de acceso a la información pública, sino que también obstaculiza las funciones de control que el Congreso tiene asignadas por ley sobre los procesos de privatización.
En otro tramo de la presentación, los legisladores remarcaron que la Comisión Bicameral tiene atribuciones específicas para supervisar las privatizaciones y recibir información sobre su desarrollo.
Para fundamentarlo, citaron el artículo 14 de la Ley 23.696, que establece que la comisión debe ser informada permanentemente —y también a su requerimiento— sobre las circunstancias vinculadas con esos procesos, junto con la documentación correspondiente.
A partir de esa disposición, sostuvieron que la ATEP no puede oponer una reserva general para impedir que los integrantes de la comisión conozcan la valuación de una empresa estatal cuya venta se encuentra en marcha.
El escrito incluye una de sus expresiones más duras al describir las consecuencias de esa negativa: “La negativa de la ATEP a exhibir la matriz metodológica de la tasación cercena la competencia misma de la Comisión Bicameral, sumiendo al Congreso en una ceguera deliberada que le impide evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.
Los legisladores también rechazaron que la tasación pueda considerarse un secreto comercial oponible al Congreso y a la ciudadanía. Según argumentaron, los sobres con las ofertas económicas ya fueron presentados e incorporados formalmente al expediente, por lo que divulgar la valuación oficial no otorgaría una ventaja competitiva a los oferentes.
El amparo también plantea objeciones al procedimiento que, según los denunciantes, el Poder Ejecutivo implementó para determinar el valor de las compañías estatales sujetas a privatización.
Los legisladores afirmaron que, a partir de la Ley Bases 27.742 y sus normas reglamentarias, se habría desplazado al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) de su función como organismo competente para intervenir en esas valuaciones.
De acuerdo con la presentación, la tarea fue derivada a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que utilizaría el método de Flujo Neto de Fondos Descontados.
Ese sistema proyecta los ingresos y egresos futuros de una empresa y los actualiza para estimar su valor presente. Los legisladores cuestionaron su aplicación y afirmaron que puede conducir a una subvaluación de los activos estatales al apoyarse en ganancias futuras hipotéticas.
Por ese motivo, además de reclamar el informe de AySA, solicitaron que se requiera al Tribunal de Tasaciones de la Nación la documentación vinculada con los pedidos de valuación, las actas de su cuerpo colegiado y la Resolución TTN 88/2025.
El objetivo, según expusieron, es determinar cómo se realizó la tasación, qué organismo intervino y cuáles fueron los parámetros utilizados para establecer el valor de la compañía.
El planteo cautelar se apoya en el riesgo de que la operación avance antes de que los órganos de control puedan acceder a la documentación.
Los legisladores argumentaron que, si se adjudica la licitación y se concreta la transferencia accionaria sin que se conozca la tasación oficial, una eventual sentencia posterior podría resultar insuficiente para reparar el perjuicio.
En ese sentido, advirtieron que la venta de un activo estatal sin la posibilidad de contrastar su valuación podría provocar “una lesión grave e irreparable al erario público”.
También señalaron que la suspensión solicitada sería temporal y no implicaría cancelar definitivamente el proceso de privatización, sino condicionarlo a que se cumpla con el deber de informar.
“El verdadero interés público radica en la transparencia, la legitimidad y la protección del erario público, principios que prevalecen decididamente sobre la prisa administrativa por adjudicar un activo estratégico, bajo el manto del secreto”, afirmaron.
Por último, solicitaron que se declare la nulidad de la reserva dispuesta por la Resolución ATEP 1/2026 y que se ordene entregar tanto esa norma como la tasación completa de AySA.
La presentación incluye como prueba los reclamos administrativos realizados ante la agencia, la respuesta firmada por Chaher el 1 de octubre de 2026 y una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El objetivo central del amparo es que la Justicia obligue al Gobierno a transparentar cuánto vale oficialmente AySA antes de avanzar con la adjudicación de su privatización.
La acción recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Santiago Carrillo. Además existe en trámite una denuncia realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativa.
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