Coparticipación: los gobernadores se expresaron por la intervención de la Corte

Un total de 17 gobernadores emitieron un comunicado en el que mostraron su “profunda preocupación” por la “injerencia indebida” por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

“El federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, escribieron en el texto que fue firmado por la provincia de Buenos Aires, Formosa, Entre Ríos, Salta, Catamarca, San Juan, Chaco, Chubut, Misiones, La Pampa, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, Santa Cruz, San Luis, Tierra del Fuego y Santiago del Estero.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la CSJ en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad impuesta por la Ciudad ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”, remarcaron.

Y agregaron: “Observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”.

En ese sentido, manifestaron que “no existe razón alguna” para querer cambiar la trasferencia de recursos “alterando e plexo normativo constitucional” por parte de “aquellos que deberían ser sus celosos custodios”. "La Ciudad de Buenos Aires no es una provincia", lanzaron.

De esa manera, explicaron que las provincias son preexistentes a la Nación y que la constitución se funda en ciertos pactos preexistentes. Así, subrayaron que al momento de la sanción de ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos , “existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.

El traspaso del coeficiente equivalente al 1,4%, establecido en la reforma constitucional de 1994 y por el decreto 705/2003, hacia 3,75% durante el Gobierno de Mauricio Macri fue tildado por los gobernadores como “injusto e injustificado”.

Esa modificación generó una pérdida de “aproximadamente $500 mil millones” y sostuvieron que “padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA.

“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista”, afirmaron al detallar que “recibimos los menores subsidios por la energía y por el transporte”.

“Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que privilegio centralista dispone”, añadieron.

“No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, escribieron. De esa manera, solicitaron a la Corte que “nos acepte como amicus curiae” y admitieron estar dispuestas a “presentar acciones judiciales complementarias” para “corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afecta la disponibilidad de nuestros recursos”.