Claudio Poggi, un legislador sin gestión que no acompañó leyes clave

El candidato a Gobernador de San Luis por Juntos por el Cambio abandonó sistemáticamente sus cargos y prácticamente no se presentó en el Congreso cuando se realizaron votaciones que fueron clave para los puntanos.

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  • Si bien fue ex ministro de Hacienda y Obras Públicas durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá y ex ministro de Obras Públicas, de Turismo, y jefe de Gabinete de Ministros de Alberto Rodríguez Saá, como legislador Poggi tiene un largo prontuario que demuestra su poco compromiso los puntanos.

    En el Congreso de la Nación votó en contra de la ley que actualiza los haberes jubilatorios y que permite un incremento de sus ingresos. Además, levantó la mano cuando se aprobó el presupuesto de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que excluyó el pago de la deuda que la Nación tenía con San Luis.

    Por otro lado, se opuso al presupuesto de 2023, que incluye una trasferencia de más de 13 mil millones de pesos para obras públicas que beneficiarán a todos los puntanos como son las de saneamiento, infraestructura hídrica, vial, de transporte y universitarias.

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    Además, tampoco acompañó los presupuestos de los años 2020, 2021 y 2022, que representaban para San Luis una importante inversión destinada a inclusión social.

    Como muestra de su falta de gestión como legislador, estuvo ausente en las votaciones de leyes muy importantes para la población de San Luis, como son la que crea un plan de deuda previsional para los jubilados puntanos o la que promueve un régimen simplificado y cambiario para fomentar las exportaciones de conocimiento científico.

    También pegó el faltazo cuando se trataron las leyes que limitan la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y la que incluye la violencia política y el acoso callejero dentro de la ley de protección integral para las mujeres.

    Su falta de compromiso con el pueblo puntano también queda clara cuando vemos que no completó sus últimos tres mandatos como legislador nacional y en el anterior estuvo de campaña.

    Poggi fue diputado nacional entre 2007 y 2009, pero se tomó uno para hacer campaña. Lo mismo ocurrió entre 2015 y 2017, sin completar el mandato para el que fue elegido por el pueblo.

    Entre 2017 y 2021 se desempeñó como senador nacional, completando solo 4 de los 6 años del cargo. En 2021 asumió como diputado, aunque pretende nuevamente abandonar sus funciones para asumir la gobernación, cuya campaña lleva más de un año nuevamente.

    Claudio Poggi, una serpenteante carrera política signada por la ambición

    Ex ministro de Hacienda y Obras Públicas de Adolfo Rodríguez Saá, ex ministro de Obras Públicas, de Turismo, y jefe de Gabinete de Ministros de Alberto Rodríguez Saá, en su serpenteante carrera política Claudio Poggi también militó por el radicalismo y finalmente recibió el apoyo del PRO para aspirar nuevamente a la gobernación de San Luis.

    La carrera de Poggi, nacido en Córdoba, está signada por una grave acusación de corrupción en su gobierno: la investigación y el proceso judicial contra la exministra de Vivienda, Cecilia Lucero, por presuntas irregularidades en la adjudicación de casas sociales entre 2011 y 2015.

    Lucero fue acusada por administración fraudulenta por, presuntamente, haber entregado una vivienda social a otro funcionario, que en realidad estaba destinada a una mujer. Por el caso también fueron imputados otros tres exfuncionarios del gobierno de Poggi.

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    Tras años de dilaciones, Lucero finalmente fue citada este año pero se abstuvo de declarar en la audiencia que realizó el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes.

    De acuerdo a la denuncia que presentó Fiscalía de Estado, la actual concejala de Villa Mercedes desadjudicó la vivienda a una docente para entregársela al secretario privado de la Gobernación, Miguel Darío Roca.

    En el caso, también están acusados la exjefa del Programa de Planeamiento y Gestión de los Recursos y el extitular del Subprograma Informatización. Todos, bajo la carátula “Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

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