Causa ANDIS: dos imputados clave se negaron a declarar

Este martes se presentó a la justicia y se negó a declarar.

El fiscal Franco Picardi había descrito la posible participación de Mastropietro en un esquema de lavado: “Parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la Agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia… Miguel Ángel Calvete giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro (Baires Fly S.A.) y a Alan Pocoví”, sostuvo Picardi.

En noviembre del año pasado, la justicia aguardó su regreso al país desde los Estados Unidos para secuestrar su celular, pero cuando llegó a Aeroparque, tras una escala, logró evadir los controles de Migraciones.

El avión debía viajar directo desde Miami hacia Buenos Aires, pero antes hizo una parada en Tucumán.

Mastropietro logró salir del aeropuerto, luego tuvo que volver. Dijo haberse olvidado su teléfono en algún lugar del mismo, y que cuando se dio cuenta, el aparato ya había desaparecido.

En el marco de la causa ANDIS, los domicilios de Mastropietro fueron allanados en distintos operativos sugeridos por el fiscal Franco Picardi y ordenados en su momento por el juez Sebastián Casanello.

Según el expediente, hay pruebas de una conexión entre Mastropietro y el ex director de la Agencia, Diego Spagnuolo.

El empresario visitó dos veces al entonces funcionario de ANDIS en su casa del barrio privado Campos de Alto Grande, en marzo y mayo de 2025.

Estas entradas al country ocurrieron junto a Miguel Calvete y Guadalupe Muñoz, imputados en la causa.

En el caso también se determinó que, en agosto de 2025, Mastropietro le remitió a Calvete la información de una cuenta bancaria a nombre de la empresa Baires Fly S.A., firma dedicada al servicio de vuelos privados que administraría.

A cambio de las transferencias millonarias, Baires Fly emitió facturas a las empresas de Calvete por la supuesta “compra de kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”, forma en la que se habría completado el círculo del lavado, según la fiscalía.

El imputado Patricio Acosta también se negó a declarar

Otra de las empresas que figuran en la causa, Bymax Medical, tenía como gerente a Patricio Oscar Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de ANDIS y procesada en la investigación.

Di Giorno era colaboradora de Miguel Ángel Calvete, también procesado. El informe detalla sobreprecios en facturas de distintos productos.

Fuentes judiciales informaron que Patricio Acosta, el último de la segunda tanda de indagatorias, se negó a declarar.

En el marco de la causa, el propio Ministerio de Salud encontró diferencias del 1000%, 2000% y hasta más del 4000% entre las facturas de compras por productos como prótesis, sillas de ruedas y andadores y sus valores de referencia en distintas empresas proveedoras.

Las ventas investigadas se dieron con las empresas Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.

Cómo sigue la causa ANDIS

El juez Ariel Lijo, actualmente a cargo del caso, deberá resolver la situación de los indagados de esa segunda tanda. Es decir si los dicta el procesamiento.

En la causa aún resta definir qué pasará con la droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker, empresarios que fueron mencionados desde el principio de la investigación, que fueron allanados y en cuyos domicilios se secuestraron distintos elementos de prueba. La sede de la droguería también fue allanada cuando comenzó el caso.

Aún no fueron convocados a indagatoria, pero su situación está siendo analizada por los investigadores.

En medio de operativos realizados el año pasado en la causa, la policía interceptó al empresario Emmanuel Kovalivker cuando salía de Nordelta: llevaba u$s266.000 y $7.000.000 en efectivo.

El hecho ocurrió en el barrio La Isla durante una serie de allanamientos ordenados.

Los Kovalivker habían pedido la nulidad de la causa al cuestionar los audios atribuidos a Spagnuolo. Es que en los audios se menciona a la droguería. Se alude a una droguería intermediaria, identificada como "la Suizo“, que trabaja con el Estado.

Por orden de la Cámara Federal, esos audios serán peritados.

El juez Lijo a cargo de la causa ya ordenó la medida, pero falta aún determinar los puntos de pericia y la citación del propio Spagnuolo para un reconocimiento de voz, según lo pidió el fiscal Picardi.