ANDIS: detectan sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis

El Ministerio de Salud detectó presuntos "desvíos críticos y sobreprecios" de hasta el 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025. El hallazgo surgió tras una auditoría que comparó las facturas emitidas al Estado con los valores de referencia del mercado.

La investigación judicial, bajo la lupa del fiscal Franco Picardi, apunta a un fraude millonario mediante un sistema de contrataciones paralelas que benefició a empresas vinculadas entre sí.

El documento oficial, publicado por La Nación, advierte que "el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público".

En rubros como sillas de ruedas, los sobreprecios alcanzaron el 2000%. El caso más extremo fue la compra de un andador con una diferencia abismal respecto al valor de un equipo de prestaciones idénticas.

La auditoría también detectó irregularidades en la adquisición de insumos médicos de alta complejidad. El 8 de julio de 2025, la ANDIS pagó $425 millones por un sistema de válvulas para el corazón, mientras que el PAMI abonó solo $124 millones por el mismo producto meses antes. Para los técnicos del Ministerio, estas facturas emitidas por proveedores como Ortopedia Bernat contienen "desvíos que resultan técnicamente indefendibles" y demuestran un patrón de conducta sistemático.

La justicia citó a indagatoria a 49 personas, entre ellas el contador Osmar Mariano Caballi, socio mayoritario de Farma Salud. Esta empresa fue la mayor beneficiaria del esquema al absorber fondos por $7.900 millones. Caballi, quien tuvo un cargo jerárquico en la agencia durante la gestión de Alberto Fernández, es señalado por sus propios socios como el responsable de acercar los negocios con el Estado a partir de su experiencia previa en el sector.

El fiscal Picardi sostiene que los involucrados vulneraron el Siipfis, un sistema digital de licitaciones, para seleccionar de antemano a los ganadores. Según el dictamen, esta herramienta "permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada". La fiscalía identificó al "grupo museo", un chat de WhatsApp donde exfuncionarios y operadores externos definían a quiénes se invitaba a las supuestas competencias de precios.

Entre las empresas señaladas figuran Artrobone, Bymax Medical e Imnova, las cuales facturaron sillas de ruedas por $19 millones cuando el precio de referencia era de apenas $1,2 millones. Los investigadores descubrieron que el gerente de Bymax es pareja de una exfuncionaria de la ANDIS ya procesada. Además, el informe cuestiona la compra de componentes importados de lujo que "no representa una ventaja necesaria ni terapéutica, que valide semejante erogación del Tesoro Nacional".

La causa judicial avanza mientras los acusados plantean la nulidad de las actuaciones y cuestionan la validez de audios filtrados que mencionan un sistema de coimas. El juez Ariel Lijo ordenó peritajes sobre dichas grabaciones para determinar su autenticidad. Esta semana continuará el desfile de empresarios y exfuncionarios ante los tribunales para explicar su responsabilidad en lo que la auditoría califica como una distorsión total de los principios de transparencia pública.