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Caso Adorni: la Justicia también detectó movimientos con criptomonedas

El fiscal Gerardo Pollicita recibió informes preliminares de plataformas de activos digitales y billeteras virtuales. Buscan determinar si existen inconsistencias entre el patrimonio declarado y las operaciones financieras del jefe de Gabinete.

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  • La Justicia federal comenzó a revisar los primeros informes vinculados a operaciones financieras digitales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. En los reportes enviados al expediente aparecieron movimientos relacionados con criptomonedas y activos digitales.

    La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió respuestas de distintas plataformas de intercambio de criptomonedas y billeteras virtuales luego de los pedidos de información realizados para reconstruir el patrimonio del funcionario.

    De acuerdo con fuentes judiciales, los documentos preliminares detectaron transacciones con activos digitales, aunque hasta el momento los montos relevados serían menores en comparación con los movimientos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.

    Sin embargo, en Comodoro Py no descartan que esas operaciones representen apenas una parte de una estructura financiera más amplia. Por ese motivo, los investigadores analizan avanzar con peritajes de trazabilidad para establecer el origen y el destino de los fondos electrónicos detectados.

    La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y tomó impulso semanas atrás, cuando se ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

    Además, el Banco Central fue requerido para entregar información detallada sobre productos financieros asociados a los involucrados desde enero de 2022, entre ellos cuentas, cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas.

    Con esos datos, la fiscalía busca cruzar la información proveniente del sistema bancario tradicional con la actividad registrada en plataformas fintech y de criptomonedas para determinar si existe una diferencia significativa entre los ingresos declarados y el nivel de gastos y ahorros del funcionario.

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