ARA San Juan: la querella mayoritaria pidió pena efectiva y revisar las absoluciones

Por otro lado, el abogado Luis Tagliapietra, representante de otro grupo de familiares, pidió directamente que se declare nulo el juicio realizado en Río Gallegos y que se haga un nuevo debate en Mar del Plata.

Para las abogadas Carreras y Arias, el juicio dejó acreditado que el submarino no se encontraba en condiciones adecuadas y que el desenlace podía haberse evitado.

“No fue una tragedia ni un accidente: fue totalmente evitable, y si fue evitable, alguien no hizo lo que debía hacer, en el momento en que debía hacerlo”, sostuvieron en el escrito presentado ante Casación.

Qué pide la querella de Carreras y Arias

Las abogadas reclaman que la condena a Villamide —tres años de prisión en suspenso— sea elevada y de cumplimiento efectivo. También solicitan que se revoque la absolución del contraalmirante (RE) Luis López Mazzeo.

En cuanto a los oficiales Héctor Alonso y Hugo Correa, la querella no pide simplemente que sean condenados: solicita que se declaren nulas sus absoluciones por falta de fundamentación y que se dicte una nueva resolución después de analizar correctamente las funciones que tenían dentro de la cadena de mando.

Para las representantes de las familias, el tribunal hizo una interpretación demasiado restrictiva de las responsabilidades de los distintos oficiales.

“Una función puede ser auxiliar respecto de la autoridad que adopta la decisión final y, al mismo tiempo, generar deberes propios de asesoramiento, advertencia, coordinación, verificación o información”, plantearon.

La conducta de Villamide

La querella considera que tres años en suspenso resultan insuficientes frente a la gravedad del resultado: la muerte de los 44 tripulantes.

Además, pone el foco en una conducta que considera especialmente relevante: según el recurso, Villamide habría ocultado a su superior información vinculada con la manipulación de la válvula E19 y habría intervenido para postergar el ingreso del submarino a dique seco pese a las alertas recibidas.

“Este ocultamiento activo frente a la propia cadena de mando —y no una mera omisión pasiva— constituye una modalidad de ejecución que la sentencia debía ponderar expresamente al mensurar la pena”, sostienen Carreras y Arias.

López Mazzeo: la discusión no era solo la válvula E19, sino mantenimiento y alistamiento

Respecto de López Mazzeo, la querella sostiene que el tribunal redujo indebidamente el análisis a si el entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento conocía o no la situación vinculada con la válvula E19.

Según las abogadas, la discusión debía abarcar también el estado general de mantenimiento y alistamiento del submarino y las obligaciones propias que tenía López Mazzeo por su posición jerárquica.

“La ausencia de conocimiento de E19 puede ser relevante para un determinado juicio causal; no demuestra por sí misma que López Mazzeo desconociera el estado general de alistamiento ni que careciera de deberes propios respecto de él”, señalaron.

La querella cuestiona además que el fallo haya considerado el aumento del presupuesto de la Armada como un elemento relevante para descartar responsabilidades. Para Carreras y Arias, el dato no responde a la cuestión concreta de si se cumplieron las obligaciones de supervisión respecto del ARA San Juan y sus problemas específicos.

Las abogadas recordaron que López Mazzeo Luis fue procesado —decisión confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el 19 de noviembre de 2020— como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado muerte en concurso ideal, por no haber “fijado, ni supervisado adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento, ni entendido en el adecuado y correcto mantenimiento del Submarino ARA ‘San Juan’, pese a encontrarse, según la propia sentencia recurrida transcribe, “en cabal conocimiento del estado en que se encontraba la unidad, de las novedades de material que había presentado durante 2017 y que venía acarreando de años anteriores”

Alonso y Correa: piden anular sus absoluciones

El recurso también apunta contra los fundamentos utilizados para absolver a los oficiales Alonso, que era el Jefe del Estado Mayor del Comando Submarinos y exjefe de Operaciones Correa.

En el caso de Alonso, el tribunal había considerado que su función era esencialmente “puramente asesora y auxiliar” y que no tenía capacidad para ordenar al submarino ni intervenir directamente en su estado material. La querella sostiene que esa descripción no alcanza para descartar cualquier eventual responsabilidad.

La misma crítica formula respecto de Correa. Las abogadas sostienen que su función no podía quedar limitada a la confección y firma de documentación administrativa y remarcan que recibió información durante aquella madrugada sobre la situación del submarino.

Por eso, reclaman que las absoluciones sean anuladas por “defecto de fundamentación” y que se ordene una nueva decisión.

La otra querella quiere directamente un nuevo juicio

El planteo de Carreras y Arias no es el único que llegó a Casación.

La querella encabezada por Luis Tagliapietra, que representa a otro grupo de familiares, presentó un recurso con un objetivo mucho más amplio: que se anule todo el juicio realizado en Río Gallegos y se ordene un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Tagliapietra cuestionó, entre otros puntos, que durante la investigación no se hubieran producido determinadas pericias que habían sido ordenadas, la actuación de la jueza federal Marta Yáñez, restricciones que —según su planteo— tuvo la querella durante el debate y la propia competencia territorial del tribunal que llevó adelante el juicio.

El pedido es dejar sin efecto la sentencia y realizar un nuevo juicio en Mar del Plata, una posibilidad que Tagliapietra ya había reclamado antes de que comenzara el debate en Río Gallegos y fue rechazada.

La defensa de Villamide también apeló

En paralelo, Claudio Villamide también recurrió a Casación. Su defensa pidió su absolución y cuestionó la acusación fiscal. Subsidiariamente, reclamó que se descarte el delito de estrago y que, en última instancia, se reduzca la pena.

Los defensores sostuvieron que todavía no pudo determinarse con certeza qué ocurrió dentro del submarino durante las dos horas y quince minutos que transcurrieron entre el último contacto registrado y la implosión.

En ese sentido, afirmaron: “al día de hoy y después de casi nueve años de proceso judicial, un centenar de testigos, y numerosos informes de expertos, nadie sabe qué pasó”.

La defensa también cuestionó que la sentencia haya vinculado causalmente el ingreso de agua con el posterior naufragio y sostuvo que varias de las conclusiones utilizadas para condenar a Villamide seguían siendo hipótesis.

La advertencia de las familias: “La historia estará en condiciones de volver a repetirse”

El recurso de Carreras y Arias fue acompañado por un comunicado de prensa en el que las representantes de las familias trasladaron la discusión judicial al presente de las Fuerzas Armadas.

“A casi nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que costó la vida a sus 44 tripulantes, estamos ante una oportunidad histórica: la de evitar que un hecho de esa magnitud vuelva a cobrarse la vida de personal de las Fuerzas Armadas”, señalaron.

Las querellantes sostienen que el juicio permitió demostrar que el submarino no estaba en condiciones de cumplir su misión y que aquel desenlace “era evitable”.

Pero el comunicado agrega una advertencia hacia el presente. Las abogadas cuestionaron los bajos salarios del personal militar, la necesidad de que algunos integrantes de las Fuerzas Armadas recurran a un segundo trabajo y la situación de la obra social ex IOSFA.

Y plantearon una advertencia directa sobre el futuro de la causa: “Si a este panorama le sumamos la posibilidad de que un fallo de Casación diluya lo ya probado y las responsabilidades reconocidas en primera instancia, la historia estará en condiciones de volver a repetirse”.

Por eso, Carreras y Arias interpelaron al Poder Judicial, a las autoridades de la Armada, al Ministerio de Defensa y a quienes toman las decisiones presupuestarias relacionadas con la seguridad del personal militar.

“Seguiremos luchando por los que no están y por los que quedan al servicio de la Patria”, concluyeron.