Un llamado anónimo al 911 que advertía sobre la presunta colocación de una bomba obligó este sábado a desplegar un amplio operativo de seguridad en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La denuncia movilizó a distintas fuerzas mientras se activaban los protocolos previstos para este tipo de amenazas.
La advertencia fue recibida por las autoridades durante una jornada marcada por la tensión política tras la renuncia de Manuel Adorni. Como parte del procedimiento preventivo, el Ministerio de Seguridad dispuso reforzar la custodia en la residencia presidencial, donde se encontraba el presidente Javier Milei.
Hasta ambos predios se trasladaron efectivos de la Policía Federal Argentina, integrantes de la Brigada Antiexplosivos, personal de Bomberos, equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y agentes de Defensa Civil, quienes comenzaron con las inspecciones para descartar la presencia de cualquier artefacto explosivo.
Cómo fue el operativo tras la amenaza de bomba
De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, la amenaza fue realizada por una mujer que llamó al 911 y aseguró haber dejado un explosivo en la Quinta Presidencial de Olivos. A partir de esa denuncia se puso en marcha el protocolo de seguridad establecido para estos casos.
La Quinta de Olivos estuvo bajo amenaza de bomba.
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Como parte del procedimiento, la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal inspeccionó tanto la residencia presidencial como la Casa Rosada. En paralelo, también se restringió el acceso a distintos sectores mientras los especialistas revisaban el interior de los edificios y las zonas aledañas.
En el operativo también intervino personal de la División de Delitos Constitucionales, el área que actúa ante amenazas dirigidas contra edificios e instituciones del Estado. Los efectivos trabajaron de manera coordinada para descartar cualquier riesgo y garantizar la seguridad del personal presente en ambos lugares.
Se desactivó la alarma: no se encontraron explosivos
Finalizadas las inspecciones, las autoridades confirmaron que no se hallaron artefactos explosivos, por lo que la amenaza fue considerada una falsa alarma. Pese a ello, la investigación continuará para intentar identificar a la persona que realizó el llamado anónimo al servicio de emergencias.
La investigación determinará el origen de la comunicación y evaluará la responsabilidad penal de quien efectuó la amenaza. Este tipo de denuncias falsas constituye un delito, ya que implica la movilización de importantes recursos humanos y materiales destinados a los operativos de seguridad.
Hasta el momento, las autoridades no encontraron elementos que permitan vincular la amenaza con la crisis política desatada por la salida de Manuel Adorni del Gobierno. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para esclarecer el episodio e identificar a la persona responsable del llamado.