Tras la decisión del Gobierno de no renovar 62 contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) trabajadores del organismo denunciaron el desmantelamiento del plan nuclear argentino y alertaron sobre la pérdida de soberanía en un sector clave para el desarrollo argentino. La administración de Javier Milei negó el vaciamiento y aseguró que únicamente concluyeron contratos temporarios correspondientes a personal cuya continuidad ya no era necesaria.
En diálogo con C5N, uno de los referentes de los trabajadores, Ignacio Cortés, desmintió al Gobierno y reveló la situación que atraviesa la CNEA. "El Gobierno está anunciando grandes planes para la energía nuclear, pero lo que está pasando en los hechos es que se está vaciando y desmantelando el plan nuclear argentino", sostuvo. Según explicó, la Argentina posee el dominio de esta tecnología y las decisiones oficiales ponen en riesgo un desarrollo estratégico construido durante décadas.
Desde la Casa Rosada rechazaron las acusaciones. Durante la conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que "no hay vaciamiento del sector nuclear, como acusan algunos kirchneristas", y explicó que lo ocurrido respondió al vencimiento de contratos temporarios firmados en 2023 "que, por sus características, ya no eran necesarios para las tareas del organismo". Además, sostuvo que, a diferencia de años anteriores, hoy los ingenieros nucleares "contribuyen al desarrollo local" y negó que exista una pérdida de capacidades en el sector.
Cortés explicó que la CNEA cuenta con 310 trabajadores contratados a plazo fijo y que las autoridades decidieron no renovar el vínculo laboral de 62 de ellos sin brindar explicaciones. Según denunció, entre los despedidos hay técnicos y administrativos que desempeñaban las mismas tareas que el personal de planta permanente. "Da la impresión de que agarraron un bolillero y echaron gente al azar", cuestionó, al señalar que se despidió a personas claves para el funcionamiento del organismo.
El trabajador y referente gremial también advirtió que el resto de los contratados teme correr la misma suerte y aseguró que "los puestos de trabajo no tienen garantías". En ese sentido, reclamó la reincorporación de los despedidos y sostuvo que la Comisión "está por debajo de su dotación mínima".
Las críticas también alcanzaron a la conducción del organismo. Cortés cuestionó la designación de funcionarios sin trayectoria en el sector nuclear y afirmó que la estructura jerárquica fue ampliada con cargos que, según su visión, no responden a necesidades técnicas. Además, denunció que mientras los trabajadores perciben "sueldos de miseria", las nuevas autoridades cobran salarios elevados.
El representante de los empleados remarcó que la CNEA cumple un papel clave para la industria nacional, no solo por la generación de energía nuclear, sino también por su participación en la minería de uranio, la fabricación de combustible, la medicina nuclear, la industria satelital, la metalmecánica y la investigación científica junto al Conicet. A su entender, el organismo impulsa el desarrollo de tecnologías de alto valor agregado y fortalece la producción nacional.
Para Cortés, el conflicto forma parte de una política más amplia contra el sistema científico y tecnológico. "Es un ataque generalizado contra todo el sector de ciencia y técnica", sostuvo. Además, defendió que el Estado conserve el dominio de la tecnología nuclear y advirtió que resignar ese control implica apostar por "un país que sea solamente exportador de materias primas y no genere desarrollo ni empleo calificado".
El anuncio del reactor privado y las críticas de los trabajadores
En medio de la polémica, el Gobierno presentó una iniciativa privada para construir una nueva central nuclear en el complejo Atucha con capitales estadounidenses. El proyecto, impulsado por Meitner Energy, podría quedar comprendido dentro del denominado Súper RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que aún se debate en el Congreso.
Al anunciar la iniciativa, Ravier aseguró que se tratará del primer reactor nuclear financiado 100% con capitales privados y "la inversión más grande de la historia del sector nuclear argentino". Además, destacó que la obra demandará unos 2.000 puestos de trabajo y remarcó que implicará "más seguridad energética a costo nulo para el Estado".
Cortés rechazó esa visión y sostuvo que el proyecto otorgaría durante 30 años importantes beneficios impositivos a una empresa privada para explotar una tecnología que la Argentina ya domina. A su juicio, el Estado podría realizar esa inversión y conservar para el país los beneficios económicos, tecnológicos y estratégicos que, según advirtió, quedarían en manos de inversores privados.
Paro y caravana para reclamar por las reincorporaciones
Trabajadores de la CNEA realizaron este miércoles un paro con caravana hacia la sede central del organismo, ubicada en la intersección de General Paz y Constituyentes, en el partido bonaerense de San Martín. La medida fue impulsada por los trabajadores para exigir la reincorporación de los 62 despedidos, reclamar una recomposición salarial y denunciar el "desmantelamiento" del sector nuclear.
Uno de los manifestantes, un analista químico que realiza servicios de química analítica para el sector nuclear, aseguró al móvil de C5N que la situación del organismo "es alarmante". "Despidieron a 62 trabajadores que son fundamentales para el proyecto de país, pero además hay un montón de empleados que estamos en una situación muy límite por la pérdida de más del 30% del poder adquisitivo y por la falta de insumos para llevar adelante nuestras tareas", afirmó. También advirtió que existen trabajadores de la CNEA que perciben salarios de apenas 600 mil pesos.
Durante la protesta también tomó la palabra Hebe Durán, científica del Conicet y jefa de Laboratorio de la CNEA, quien sostuvo que las medidas del Gobierno ponen en riesgo una de las principales capacidades tecnológicas del país. "Están destruyendo la CNEA y todas las instituciones que le dan soberanía a la Argentina. Somos uno de los pocos países del mundo que dominan todas las etapas del desarrollo nuclear y lo están queriendo entregar a Estados Unidos", cuestionó. Según afirmó, "están destruyendo la ciencia y la tecnología del país" como parte de "una política de Estado", y remarcó que los trabajadores buscan defender "un país soberano".
En la misma línea, el investigador de la CNEA Martín Rodrigues reclamó la reincorporación de los empleados cesanteados y una mejora salarial para el personal del organismo. "Despidieron gente clave para el funcionamiento de la Comisión. Necesitamos que el Gobierno reincorpore a todos los trabajadores y que los salarios nos permitan vivir y llegar a fin de mes", expresó.