A la espera de la letra chica del dictamen de Ley Bases, continúa el debate en torno al RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluido en el proyecto de Javier Milei busca atraer proyectos de inversión extranjera pero, desde distintos sectores, denuncian que atenta contra la industria local.

El artículo prevé beneficios impositivos aduaneros para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de u$s200 millones por parte de empresas extranjeras.

En tanto, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) enviaron una misiva a los legisladores en la que advirtieron que el Régimen "atenta directamente contra la producción nacional", ya que le concede "un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales".

Dentro de la Cámara alta, uno de los que realizó fuertes críticas a la iniciativa fue el radical Martín Lousteau, para quien no existe "ningún mecanismo de integración local" para las empresas locales. "Están discriminadas en contra. Esas empresas, que podrían ser proveedoras, no están contempladas en ningún momento y van a competir con empresas del exterior que entran sin arancel. Las propias empresas que fabrican acá lo mismo, en los insumos que adquieren, pagan arancel", describió.

Martín Lousteau

Por su parte, desde Unión por la Patria expresaron preocupación por la pérdida de autonomía de los recursos propios. "El régimen promocional de las grandes inversiones contribuiría a desnacionalizar los activos argentinos, que deberían ser el vector de un programa de desarrollo inclusivo, pero además profundizaría la fragmentación de las regiones argentinas al no integrarlas a un proyecto común", alertaron a través de un informe económico.

En las últimas horas, el que sumó su punto de vista fue el extitular de Aduana, Guillermo Michel, quien calificó al RIGI como "inequitativo" ya que "deja afuera a todas las Pymes".

"Me parece bien que haya un régimen de promoción de inversiones, pero el RIGI fue demasiado ambicioso y lo que se otorga es más de lo que piden los empresarios”, analizó.

"Con el RIGI el que exporta no tiene obligación de liquidar los dólares en Argentina, puede dejar los dólares afuera. Me parece discutible el nivel de beneficios que trae”, agregó durante una entrevista en el streaming

“Con esto no estoy de acuerdo. Te estás perdiendo de recaudar con bienes personales 0.25 puntos de PBI por año para beneficiar a 25.000 personas con cuentas en el exterior con montos altos. Y le cobran el impuesto a las ganancias a un millón de trabajadores para recaudar 0.4 del PBI”, concluyó.

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Ley Bases y reforma fiscal: los nuevos cambios aceptados por el Gobierno

Según consigna la información de Ámbito, los cambios que habilitó el Gobierno y que se encuentran presentes en el borrador de la Ley Bases son:

  • Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos, el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.
  • Se prolonga el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar procesos de privatización, de 30 días a 120 días.
  • La posibilidad de manifestar la voluntad de no realizar aportes a obras sociales sindicales.
  • Exceptúa la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de la Administración Pública, personal doméstico, empleados rurales y contratados.
  • Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: autonomía provincial para definir si adherirse, proveedores con mercadería importada deben facturar, inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.

En cuanto a que respecta a la reforma fiscal, se incorporaron las siguientes modificaciones

  • Figura del monotributo social.
  • Impuestos a las Ganancias: un 22% de aumento en el piso mínimo de los asalariados de las provincias que integran la región patagónica.
  • Blanqueo de Capitales: quitaron la posibilidad de hacerlo a través de criptomonedas y de que ingresen familiares de funcionarios.
  • Regalías mineras: subieron del 3% al 5% el tope que pueden cobrar las provincias.
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