La resolución judicial fue firmada durante las vacaciones de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Un juez ordenó a esa cartera que explique cómo está garantizando el derecho a la alimentación de los concurrentes a comedores que ya fueron relevados por el Estado Nacional, que existen. Que, en rigor, cumplen un rol en la sociedad: asisten a los olvidados, a los que no logran completar las cuatro comidas diarias. Es que el hambre no se toma vacaciones. Las urgencias tampoco. Y por eso, días atrás, la feria judicial había sido levantada para este caso.
La decisión la tomó el juez federal Walter Lara Correa. El contenido de su sentencia luce parecido al de otra, en otra materia, dictada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Ambos jueces tuvieron que ponerle plazos al Gobierno. Ambos durante la feria judicial. Ambos para garantizar políticas públicas destinadas a poblaciones con necesidades urgentes. Un Gobierno llevado… a los plazazos.
Lara Correa le ordenó a Capital Humano que “informe y acredite de manera fehaciente, en el plazo de cinco días, la forma en que se garantiza el derecho alimentario de los habitantes que concurren a los comedores comunitarios que fueron efectivamente verificados en el relevamiento; o, en su defecto, en idéntico plazo, manifieste si como consecuencia de ese relevamiento se dispuso la inclusión de esos comedores en alguno de los programas alimentarios vigentes”.
En la misma resolución, el magistrado dio un plazo de diez días para que sean relevados aquellos espacios socio-comunitarios que, por excusas diversas, no habían sido visitados a tiempo.
Las medidas se ordenaron en el marco de una feria judicial que había sido habilitada a pedido del CELS y la UTEP. El objetivo de habilitarla era, justamente, evitar que desde Capital Humano las cosas se sigan dilatando. La cautelar que obliga al Estado a garantizar el derecho a la alimentación en esos comedores tiene más de un año: es de julio de 2024. Por eso los demandantes insisten. Para que los trámites no se duerman una plácida siesta de verano. Ocurre que la distribución de alimentos se paralizó, como tantas otras cosas, cuando cambió el gobierno y se le imprimió a la gestión un nuevo dogma: ahora prima el de no entregar comida.
El expediente de los comedores no es el único en el que se evidencian resistencias del Estado a ejecutar políticas públicas que ya existían o que fueron recientemente aprobadas por el Congreso. Allí también aparecen las vinculadas a las personas con discapacidad.
A los plazazos debió manejarse también el juez González Charvay, quien esta semana advirtió al gobierno de Javier Milei que el 4 de febrero tiene que estar plenamente vigente la ley de emergencia en discapacidad, una norma que busca atender algunos de los tantos reclamos de esa población.
El juez, además, intimó a la parte demandada a que “en el plazo de cinco días informe y acredite con constancias el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada”.
¿Y qué pasa si el Gobierno no cumple? Comenzarán los apercibimientos, que pueden ir desde sanciones económicas hasta denuncias penales por incumplimiento. Sería ridículo —aunque no imposible— que los demandados intenten seguir dilatando. En pocos días lo sabremos. Pero por lo pronto, desde el gobierno dejaron trascender que no le temen a las multas.
Con este telón de fondo, pero en un contexto muy distinto, el presidente Milei se refirió en Davos a la gestión de Pettovello y, en rigor, a las políticas sociales que desarrolla (o no) su gobierno: “La omnipotencia del Estado, las regulaciones, destruyen el derecho de propiedad y eso mata los rendimientos crecientes y, por ende, el crecimiento es menor. Por último, ligado a este fenomenal futuro que se avecina, resulta de vital importancia el rol del capital humano. En este sentido, en Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Pettovello, a los sectores vulnerables hemos dejado de regalarles el pescado para enseñarles a pescar, y si es posible a motivarlos a que creen su propia empresa pesquera”.
La frase pareció abrazar, implícitamente, al crecimiento de la Asignación Universal por Hijo, una política necesaria pero que no deja de ser complementaria.
Si el Presidente considera que eso es enseñar a pescar, quizás podría también analizar si está al frente de un gobierno que garantice que exista, al menos, el lago, el río o el mar donde llevar a cabo esa práctica. De mínima.
