Modelo Milei: desvío de fondos y represión sin fin

El informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional es categórico: entre un 70 y un 75 por ciento de las rutas nacionales se encuentra en estado “regular o malo”, lo que implica un “récord histórico” que eleva el riesgo de siniestros viales. Es un relevamiento actualizados hasta el último día del mes de julio.

Se trata de un documento confeccionado y actualizado mucho antes de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera en una entrevista que el Gobierno Nacional destina una parte del dinero que debería ir al mantenimiento de rutas “para lograr el equilibrio fiscal”.

Bajo el título “Siniestros Viales y Desmantelamiento Vial en Rutas Nacionales”, el Personal de Vialidad sentenció que “no hay margen para invocar desconocimiento” y exigió “el cese inmediato de la parálisis del mantenimiento”.

Los trabajadores de Vialidad fueron enfáticos al resaltar que el gobierno nacional debe asumir “la responsabilidad institucional y política que corresponde por cada víctima de una red que el propio Estado dejó de conservar”.

Entre los datos surgidos del informe, se destacó la secuencia de siniestros de los meses de junio y julio de 2026 sobre las Rutas Nacionales 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 33, 34, 35, 38, 40, 188 y 226.

En esos siniestros hubo veintinueve muertos, de los cuales veintitrés perdieron la vida en hechos ocurridos entre el 1º y el 16 de julio de 2026; un registro que no encuentra antecedentes.

“No es una serie de hechos aislados: ocurre sobre una red cuyo estado regular o malo alcanza el 70–75 por ciento, récord histórico, tras dos años de parálisis del mantenimiento y la conservación, respectivamente”, aseguraron.

Si bien el informe destaca que los siniestros viales pueden ser multicausales, el riesgo se eleva cuando las rutas no reciben el mantenimiento que necesitan para no convertirse en trampas mortales. Los trabajadores de Vialidad vienen actualizando este recuento desde 2024.

Allí es donde cobran mayor relevancia las declaraciones del vocero presidencial, quien en los últimos días confirmó que, para lograr el equilibrio fiscal, utilizó fondos que debieron haber sido empleados en el mantenimiento y la construcción de rutas.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”, dijo en una entrevista.

Denuncias de distintos sectores

El estado de las rutas y las declaraciones del vocero motivaron esta semana al menos tres denuncias penales de dirigentes y espacios que hoy se encuentran enfrentados con el gobierno nacional.

Como pocas veces había ocurrido antes, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), la diputada Marcela Pagano (Coherencia) y el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, junto con Elisa Carrió) coincidieron en denunciar el desvío de fondos y sus consecuencias.

La primera denuncia la hizo Tolosa Paz, quien aseguró que más de 1 billón de pesos del fondo de afectación específica del Sistema Vial Integrado fueron colocados en inversiones financieras, plazos fijos y títulos públicos, y no se utilizaron para la ejecución de obras viales. Esa denuncia cayó por sorteo en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli.

La segunda fue la de Pagano, quien además agregó que parte del dinero que debió haberse destinado de manera automática al mantenimiento de las rutas fue pisado por el gobierno, que lo fue soltando a distintas provincias en la medida en que necesitó votos para aprobar distintas leyes. Le tocó al juez Julián Ercolini y al fiscal Franco Picardi.

La tercera fue la de Ferraro y Carrió, quienes, además, acusaron al gobierno de cometer delitos contra la seguridad vial; recayó en el juzgado federal 9, que subroga el juez Sebastián Ramos, con la fiscalía 6, interinamente a cargo de Carlos Rívolo.

Si bien todo indica que las denuncias podrían acumularse todas en manos del juez Lijo, donde cayó la primera de estas denuncias, fuentes judiciales recordaron a este medio que existe una causa anterior, por los mismos hechos, que está en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien oportunamente la delegó al fiscal Eduardo Taiano.

Fue presentada en mayo por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional y es por los delitos de “malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes y el desvío de 400.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL): por ley, lo recaudado tiene como finalidad única el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal, pero en cambio se utilizó para especular con títulos públicos”, según reprodujo oportunamente el diario Página/12.

La pregunta que en algún momento deberá responder la justicia es si la falta de mantenimiento de las rutas nacionales que vienen denunciando los trabajadores de Vialidad influyó en el aumento de la cantidad de siniestros. ¿Quién se hará cargo? ¿Quién responderá penalmente por ello?

La represión para continuar con el relato

La semana que pasó no solo fue la que expuso cómo hace el Ejecutivo para poder decir que le cierran los números, sino que fue la que una vez más dejó en evidencia que el Gobierno no tiene prurito en recurrir a la represión para poder continuar con el relato del control de la calle.

La imagen de la semana fue la del comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Gauna vestido de civil, sin identificación visible y con una escopeta en la mano apuntada en línea recta al suelo, en dirección a los manifestantes que se expresaron frente al Congreso contra el proyecto de ley de extranjerización de la tierra.

Tanto Gauna como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fueron denunciados penalmente por la brutal represión que incluyó una vez más gases lacrimógenos, armas de munición no letal disparada a contramano de lo que indican los protocolos, camiones hidrantes y detenciones arbitrarias. Las denuncias se acumularon en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Franco Picardi.

Mientras se abre el nuevo capítulo represivo, una decisión de la jueza María Servini, en el marco de otro expediente, habilitó a indagar sobre quiénes son los que dan las órdenes de “barrer” la plaza del Congreso ante la presencia de manifestantes.

En el marco de la causa por la agresión que sufrió el fotoperiodista Pablo Grillo el 12 de marzo de 2025, la magistrada hizo lugar a un pedido de la querella y ordenó que se identifique a quienes “emitieron comunicaciones mediante el sistema de enlaces troncalizados” durante aquel operativo, entre las 16 y las 18. La pregunta es quiénes dieron las órdenes. La escalera de responsabilidades podría llegar hasta la cúpula del poder