Polémica en el Vaticano: un cardenal quiere participar del cónclave pese a haber sido destituido por el papa Francisco

La muerte del papa Francisco dio lugar al arribo al Vaticano de cardenales de todo el mundo dispuestos a participar en las deliberaciones y, aquellos con derecho a hacerlo, en la votación que elegirá al próximo pontífice. Sin embargo, en las últimas horas la llegada de uno de ellos causó polémica: se trata de Giovanni Angelo Becciu, condenado a cinco años y medio de cárcel por fraude fiscal en 2023 y despojado de su cargo en la Curia romana por Jorge Bergoglio.

En 2020, Francisco despojó a Becciu, de 76 años, del cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y de los “derechos ligados al cardenalato” en medio de las acusaciones.

Sin embargo, el sacerdote, nacido en Cerdeña, asegura que participará de la votación para designar al próximo papa, ya que entiende que cuenta con el derecho para hacerlo, dado que sus “prerrogativas cardenalicias” están intactas.

“Refiriéndose al último consistorio, el Papa reconoció intactas mis prerrogativas cardenalicias, ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni solicitud de mi renuncia explícita por escrito”, aseguró en la Unione Sarda. Además, enfatizó su inocencia y aseguró haber sido “indultado” por Francisco.

Su participación será definida por la congregación general de los cardenales, cuya primera reunión se llevó a cabo en la mañana del martes.

La condena penal contra el cardenal Giovanni Becciu

El cardenal fue condenado por la justicia del Vaticano tras quedar involucrado en una investigación sobre la gestión de fondos de la Secretaría de Estado, que giraba en torno a la venta de un edifico de lujo en Londres por más de u$s200 millones. Además, durante la investigación salieron a la luz otras transferencias irregulares, como una donación de 125.000 euros a una asociación vinculada a Cáritas en Ozieri, Cerdeña, cuyo presidente era uno de los hermanos del cardenal.

En diciembre de 2023, el Tribunal consideró probado el delito de malversación por el uso ilícito de la suma de u$s200.500.000, “que asciende aproximadamente a un tercio de los activos en el momento de la Secretaría de Estado, porque en violación de las disposiciones sobre la administración de los bienes eclesiásticos”.

Esta suma había sido pagada entre 2013 y 2014, a instancias del entonces Monseñor Sustituto Giovanni Angelo Becciu, por la suscripción de acciones de Athena Capital Commodities, un fondo de cobertura con características altamente especulativas y que suponía un alto riesgo para el inversor en el capital sin posibilidad de controlar la gestión. Por ello, el Tribunal declaró culpables del delito de malversación al cardenal Becciu y a Raffaele Mincione, que habían estado en contacto directo con la Secretaría de Estado para obtener el pago del dinero “incluso sin que se hubieran cumplido las condiciones, así como, en connivencia con ellos, a Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina de Administración, y a Enrico Craso”.