Perú: un país con convulsión política crónica

El 7 de diciembre, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, el estado de emergencia, la reforma del Ministerio Público y la Justicia, y convocó a nuevas elecciones legislativas. Ese mismo día, el exmandatario iba a enfrentar una nueva moción de censura por incapacidad moral: en los hechos, la tercera desde que comenzó su mandato en julio de 2021.

Desde entonces, Castillo fue detenido y removido de sus fueros. Una semana después, el Juzgado Supremo de Investigación preparatoria ordenó su prisión preventiva por 18 meses.

La entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la Presidencia a pesar de haber indicado inicialmente que no lo haría. Prometió completar el mandato constitucional hasta 2026, para luego anunciar a altísimas horas de la noche un adelantamiento de las elecciones para 2024 y la necesidad de una nueva Constitución Nacional. Mientras tanto, las calles hirvieron en enfrentamientos mortales entre seguidores y detractores de Castillo y la Policía Nacional, con pedidos de disolución del Congreso y renuncia de Boluarte incluidos.

La sucesión de hechos llevó al mundo a preguntarse por qué los presidentes peruanos parecen perder su poder tan rápidamente y terminan destituidos, encarcelados o muertos.

La corrupción, los mecanismos constitucionales, la crisis de representación política y partidaria y los constantes enfrentamientos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo con mayorías legislativas débiles o inexistentes, han vuelto a Perú ingobernable.

Existen varios mecanismos constitucionales que se han aplicado sistemáticamente en más de una década en Perú.

La vacancia presidencial está contemplada en el artículo 113 de la Carta Magna y permite al Congreso declarar la incapacidad moral de un Presidente y separarlo del cargo. Sin embargo, esta figura no establece conductas punibles específicas. Por este motivo, la Corte Suprema instó al Congreso a que su aplicación se active con dos tercios del Parlamento.

La acusación constitucional quedó establecida en el artículo 99 de la Constitución y habilita al Congreso a investigar, juzgar y sancionar a altos funcionarios del Estado por violaciones a la Carta Magna, pero tampoco precisa conductas antijurídicas ni sus consecuencias.

Por último, la disolución del Congreso por parte del Ejecutivo está en el artículo 134 de la Constitución y puede realizarse de manera efectiva cuando el Poder Legislativo le niega la confianza a dos gabinetes de ministros de forma consecutiva. Su aplicación implica elecciones anticipadas.

Protestas Perú

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Las grandes desigualdades que sufren millones de peruanos ha derivado en la aparición de muchos partidos políticos. En el juego democrático esto podría ser positivo, pero esta cantidad de fuerzas dificulta las mayorías, a la vez que los diputados electos varían ideológicamente como consecuencia de programas partidarios laxos. En consecuencia, la crisis de representación se vuelve crónica, y analistas políticos señalan que los presidentes llegan al poder con “votos prestados”, en busca del mal menor, por lo que su base de sustentación es muy endeble.

¿Y qué piensan los peruanos de sus representantes políticos? Según una encuesta de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos, el 96% de los encuestados desaprobaba la gestión legislativa y solo un 10% la aprobaba. El expresidente Castillo era altamente impopular, con un 61% en contra y un 31% de popularidad.

Las mayores crisis políticas de Perú podrían remontarse a 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Parlamento con pleno apoyo de las Fuerzas Armadas. Estuvo 8 años más en el cargo hasta que renunció envuelto en escándalos de corrupción. Fujimori cumple hoy una condena de 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante los primeros años de su gobierno, fue condenado por abusos contra los derechos humanos y corrupción.

¿Qué pasó en la última década con los presidentes de Perú?

Ollanta Humala fue Jefe de Estado entre 2011 y 2016. Un año después de concluir su mandato se entregó voluntariamente y fue recluido de manera preventiva en el penal de Barbadillo. Había sido acusado por lavado de activos en detrimento del Estado y de asociación ilícita en el caso Lava Jato, tras conocerse contribuciones de campaña del expresidente Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht. En 2018, el Tribunal Constitucional del Perú lo puso en libertad. Humala está siendo investigado y fue recientemente procesado por lavado de activos.

Pedro Pablo Kuczynski sucedió a Ollanta Humala y renunció dos años después de asumir la Presidencia. En su primer año de gestión, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Perú lo investigó por favorecer a la empresa Odebrecht a ganar una licitación cuando aún se desempeñaba como primer ministro de Alejandro Toledo en 2006. En 2017, el Congreso intentó sin éxito destituirlo por primera vez bajo la figura de vacancia presidencial. En marzo de 2018 sería sometido por el Congreso a segundo intento de vacancia, pero dos días antes de la votación, el congresista Moisés Mamani presentó lo que se conoció como los “kenjivideos”, unas grabaciones caseras donde se veía a Kenji Fujimori y otras personas intentando sobornarlo con acceso a obras a cambio de votar en contra de la vacancia. El escándalo desatado lo catapultó a la renuncia un día después. Involucrado en el caso Lava Jato, en 2019 se inició una investigación en su contra por lavado de activos, y la justicia peruana le impuso 36 meses de prisión preventiva, que cumplió como arresto domiciliario. En 2022, la Corte Superior Nacional decretó su libertad bajo comparecencia.

Los siguientes dos años, entre 2018 y 2020, Perú fue gobernado por Martín Vizcarra. Pero en septiembre de 2019, disolvió el Parlamento conformado por una fuerte oposición fujimorista, luego de que se le negara suspender la designación de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. El Congreso hizo caso omiso a la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo y eligió a un nuevo miembro de ese Tribunal. Vizcarra convocó a elecciones para enero de 2020, pero dos meses después fue destituido por el Congreso por “permanente incapacidad moral”, envuelto en acusaciones de corrupción con la difusión de reportes que indicaban que el mandatario habría recibido 640 mil dólares en sobornos de empresas que ganaron licitaciones de obras públicas.

Tras la salida de Vizcarra, se dio la presidencia más fugaz de Perú. Manuel Merino era el presidente del Congreso y juró como presidente para concluir el mandato hasta 2021 a pesar de que había cuestionamientos constitucionales. Cinco días después presentó su renuncia indeclinable, en medio de protestas que acabaron con la vida de dos jóvenes.

Fue entonces que tuvo lugar el autodenominado “gobierno de transición y emergencia” de Francisco Sagasti. Gestionó la peor parte de la pandemia y enfrentó múltiples protestas sociales por los problemas económicos que dejó la cuarentena.

El 28 de julio de 2021 asumió Pedro Castillo tras ganarle por 44 mil votos a Keiko Fujimori. Llegó como un outsider y denunció el odio de las élites, mientras aseguraba que para el Congreso no era “posible que un campesino gobierne su país”. Fue denunciado por corrupción, organización criminal, tráfico de influencias y fraude. Enfrentó con éxito dos votaciones legislativas para declarar la vacancia presidencial, al tiempo que denunciaba un complot del Congreso y el Poder Judicial y la prensa para quebrantar el orden constitucional, incluso afirmando que en Perú se estaba ejecutando “una nueva forma de golpe de Estado". El mismo día que anunció todas sus medidas reformistas, fue destituido por incapacidad moral con 101 votos, 14 más de los necesarios y terminó detenido.

Su vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia en medio de una crisis social y política acuciante, que ya cuenta a sus muertos en decenas. Se espera que haya elecciones anticipadas y se redacte una nueva Constitución, que entre otras cosas, podría reformar el sistema judicial y la composición legislativa, que hoy cuenta con una sola cámara y ninguna otra que haga contrapeso.