Las calles de París amanecieron este miércoles tapadas de basura en medio de las protestas contra la reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron. La capital francesa vive una nueva jornada de huelgas que afectan servicios clave como la energía, el transporte y la recolección de residuos.
"Hay más de 5.800 toneladas de residuos en toda la ciudad. Es un problema y una pelea entre el Estado y el ayuntamiento de París. Hace ocho días que no se recolecta la basura y es un gran problema que debería resolver la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo", contó Antonella Manes, corresponsal desde París para C5N.
El servicio de trenes y transporte público de París funciona con complicaciones, se suspendieron un 20% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly, hubo nuevas caídas de producción eléctrica y continuó el bloqueo de la expedición de combustible en la mayoría de las refinerías.
Esta mañana se acordó una versión definitiva del proyecto, que podría ser aprobado mañana a pesar del multitudinario rechazo. "Es un día importante para derrotar esta reforma injusta. La movilización de los trabajadores debe interpelar a los diputados. Seamos numerosos en las calles", convocó la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT).
"La reforma hoy se aprobó en Asamblea Mixta, donde había siete senadores y siete diputados. A partir de mañana va a regresar al Senado. Si se aprueba, pasa a la Asamblea Nacional y ahí se aprobaría finalmente", explicó Manes. La central obrera anunció una nueva protesta para este jueves frente al Parlamento.
La de este miércoles es la octava jornada de huelgas y protestas desde el 19 de enero. La reforma, que busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de 43 años de aportes, es rechazada por dos de cada tres franceses.
"Esta reforma es de una necesidad perentoria para el financiamiento de nuestras pensiones y la solidez del país. Tenemos una sólida mayoría en el Congreso de fuerzas favorables a sacar adelante la ley", aseguró esta semana Emmanuel Macron.
Los sindicatos ya han empezado a reflexionar sobre los pasos a seguir en caso de adopción de la ley. Por ahora piden someterla a una "consulta ciudadana", al estimar que carece de legitimidad democrática por el rechazo popular.