Edgar Alves de Andrade, alias "Doca" o "Urso", tiene 55 años y está prófugo de la justicia brasileña. Las autoridades lo tienen identificado como uno de los líderes de la organización criminal Comando Vermelho (CV) y fue el blanco principal del megaoperativo policial conjunto ejecutado el martes por la Policía Civil y Militar en los complejos de Penha y Alemão, en la zona Norte de Río de Janeiro.
Masacre en Río de Janeiro: quién es Doca, el jefe narco de Comando Vermelho y principal objetivo del megaoperativo
Edgar Alves de Andrade tiene 55 años y está prófugo. Es investigado por más de cien homicidios, que incluyen la muerte de menores y la desaparición de vecinos de la favela.
El Grupo de Acción Especial contra la Delincuencia Organizada (Gaeco/MPRJ) lo señala como el principal cabecilla del CV en el Complexo da Penha. Su influencia criminal se extiende a comunidades de las zonas Suroeste (Gardênia Azul, César Maia) y Norte (Juramento), áreas que fueron recientemente objeto de disputa y tomas por parte de grupos de milicias.
Doca nació en el estado de Paraíba y creció en Vila Cruzeiro, una favela del complejo de Penha. Su historial criminal es extenso y grave. Actualmente es investigado por más de cien homicidios, que incluyen la muerte de menores y la desaparición de vecinos de la favela.
Una de las acusaciones más resonantes que pesan sobre Doca es la de haber ordenado en octubre de 2023 la ejecución de tres médicos en Barra da Tijuca, un exclusivo barrio de Río de Janeiro, quienes fueron acribillados durante un congreso tras ser confundidos con milicianos de la zona de Rio das Pedras. Luego, el jefe narco mandó a matar a los sicarios que habían cometido el error, para borrar toda huella del crimen.
Doca ya había sido un objetivo relevante en septiembre de 2024, durante la Operación Bomba Zumbadora de la Policía Federal, la cual buscaba combatir el uso de drones lanzagranadas por parte de miembros del CV. Según el Consejo Nacional de Justicia, tiene más de 20 órdenes de captura vigentes emitidas por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), incluyendo una prisión preventiva reciente por organización criminal y posesión de material explosivo, delitos que podrían acarrearle hasta 14 años de cárcel.
El gobierno estadual de Río de Janeiro ofrece una recompensa de R$100.000 (aproximadamente u$s17.000) por información que conduzca a su paradero.
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