La ley para proteger a las españolas de los delincuentes sexuales, ahora las atemoriza

Por un punto en discusión, al menos 12 condenados pidieran y obtuvieran rebajas en sus penas al aplicarse la nueva ley, y ya hay 5 presos que han logrado la libertad.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como “solo si es sí” fue aprobada en agosto de 2022 en el Congreso de España y entró en vigencia en octubre. El texto establece conceptos básicos sobre consentimiento, distinción entre abuso y agresión, acoso y acoso cibernético y educación sexual .

Esta normativa fue el resultado de las manifestaciones de colectivos feministas que reclamaban endurecimiento de penas y mayor protección para las víctimas, luego de la sentencia del grupo de agresores sexuales conocidos como “La Manada”, por el nombre del grupo de WhatsApp que compartían. Para recordar el caso: 5 hombres de entre 26 y 29 años agredieron sexualmente en grupo a una joven en Pamplona y el caso enardeció a la población española.



Todas las conductas sexuales no consentidas quedan castigadas con distintas penas que varían según las circunstancias y agravantes del caso. Ninguna mujer deberá demostrar que hubo violencia o intimidación para que una agresión sea considerada como tal. De esta forma, las interacciones sexuales sin consentimiento serán consideradas agresiones y castigadas con penas de prisión de 1 a 4 años.

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Pero como el rango de penas es ahora más amplio, con mínimos más bajos en algunas tipificaciones, ha supuesto un antecedente atemorizante: al menos 12 condenados pidieran y obtuvieran rebajas en sus penas al aplicarse la nueva ley, y ya hay 5 presos que han logrado la libertad.

El principal punto de discusión para los jueces es el principio de inocencia, porque la ley obliga al acusado a demostrar que la víctima dio el consentimiento, por lo tanto, debe probar que es inocente y hay juristas que consideran que esto vulnera los principios del derecho penal.

Por el momento, mientras crecen los pedidos para que la ley sea revisada para evitar interpretaciones, la Fiscalía General emitió un decreto que establece que no se bajen las condenas y que solo sean revisadas las condenas elevadas que de aplicarse la nueva ley, quedarían por encima del nuevo máximo legal.

El Gobierno había descartado realizar una reforma a la nueva ley y pidió que se unifiquen los criterios entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Pero todavía quedan muchas incógnitas sobre lo que podría pasar con las revisiones de las condenas y aquellas que están siendo investigados o podrían suceder en el futuro.

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