La Justicia de Estados Unidos falló en contra de los aranceles globales del 10% de Donald Trump

La Justicia de Estados Unidos emitió un fallo histórico al declarar ilegal el nuevo arancel global del 10% impuesto por la administración de Donald Trump. Esta medida, que afectaba a la gran mayoría de las importaciones que ingresan al país, fue invalidada tras las demandas presentadas por una coalición de 24 Estados y empresas privadas.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó, por una mayoría de dos votos contra uno, que el Gobierno excedió los límites de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Según los magistrados, dicha ley permitió imponer aranceles temporales únicamente cuando existen "grandes y serios déficits en la balanza de pagos", una condición que el tribunal consideró inexistente en el contexto actual. El fallo aclaró que un déficit comercial de bienes no es equivalente a un déficit en la balanza de pagos, invalidando así el argumento central de la proclama presidencial.

Este conflicto judicial se originó luego de que la Corte Suprema anulara en febrero pasado otra parte de la política arancelaria de Trump, que se basaba en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Tras esa derrota, el mandatario recurrió inmediatamente a la ley de 1974 para aplicar el nuevo recargo a partir del 24 de febrero de 2026. Los demandantes argumentaron, y el tribunal coincidió, que este movimiento fue un intento de eludir el precedente sentado por el máximo tribunal el año anterior.

Aunque el bloqueo actual beneficia específicamente a las partes demandantes -incluyendo al estado de Washington y empresas como la juguetería “Basic Fun!” y la importadora de especias “Burlap & Barrel”-, la resolución sienta un precedente jurídico que permite a otras compañías impugnar los recargos. El tribunal ordenó al Gobierno implementar el fallo en un plazo de cinco días. Además, la Justicia dispuso que se realicen reembolsos a los importadores que participaron de la demanda, abriendo la puerta a una ola de reclamos millonarios.

El impacto económico de este revés judicial es masivo, ya que una derrota definitiva obligaría al Estado a devolver ingresos arancelarios estimados en u$s166.000 millones. El arancel tenía una vigencia prevista de 150 días, con vencimiento el 23 de julio de 2026, a menos que el Congreso autorizara una extensión. Sin embargo, con este fallo, la base legal de la medida queda profundamente cuestionada, complicando cualquier intento de prórroga legislativa o administrativa bajo el mismo esquema.

A pesar de la contundencia de la sentencia, la administración de Trump ya adelantó que prevé recurrir el fallo ante instancias superiores, lo que podría prolongar la batalla legal por varios meses. Mientras tanto, la Casa Blanca busca mecanismos alternativos para sostener su agenda comercial, incluyendo investigaciones sobre trabajo forzado y exceso de capacidad industrial de sus socios comerciales. Cabe destacar, que esta decisión no afecta los aranceles específicos que ya rigen sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles.