En la continuidad del vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Gobierno puso en marcha un plan de retiro voluntario para sus trabajadores, luego de varias medidas que le fueron quitando autonomía y poder de acción.
El programa estará vigente hasta el 31 de mayo y contempla una gratificación calculada según antigüedad y salario. La medida fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo en el marco del recorte del gasto público.
Nuevo golpe al INTA: el Gobierno estableció un plan de retiro voluntario.
En la continuidad del vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Gobierno puso en marcha un plan de retiro voluntario para sus trabajadores, luego de varias medidas que le fueron quitando autonomía y poder de acción.
La decisión se implementó a través de la Resolución 144/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Nicolas Bronzovich.
El programa comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes, aunque podría prorrogarse de manera única por 15 días más, en caso de que lo solicite el Consejo Directivo.
El cálculo económico que sustenta la iniciativa contempla los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año. El texto expresa que "el incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026".
El régimen excluye a siete categorías de agentes: quedan fuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; quienes revistan condición de procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional por motivos laborales, con excepción de las causas regidas por la Ley N° 24.557 de riesgos del trabajo.
También están excluidos los agentes convocados como imputados o sumariados en procedimientos disciplinarios por faltas graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración, así como quienes estén sujetos a determinación de responsabilidad patrimonial. Completan la lista quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o equivalentes, y quienes hubieran presentado renuncia con anterioridad.
En agosto de 2025, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín intimó al gobierno de Javier Milei a frenar los pases a disponibilidad en el INTA y le impuso una multa de $10.000.000 diarios en caso de incumplimiento.
La resolución se conoció luego de que la administración libertaria avanzara, a contramano de una cautelar vigente y de la votación del Senado que tumbó el DNU 462/25, con la Resolución 1240 del Ministerio de Economía que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo.
El régimen de retiro voluntario del INTA otorga a quienes accedan una gratificación única extraordinaria de egreso calculada a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio —o fracción superior a tres meses— computado al 31 de mayo de 2026. Solo se contabilizan los años prestados como personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional conforme al artículo 8° de la Ley N° 25.164; quedan excluidos los períodos como becario, personal transitorio, contratado o no permanente, así como los servicios ya indemnizados por retiros voluntarios anteriores.
El monto varía según la edad del agente. Hasta los 60 años se aplica la fórmula base sin restricción. Entre los 61 y los 63 años rige un tope de 24 haberes brutos; a partir de los 64, ese tope se reduce a 12 haberes brutos.
La base de cálculo comprende únicamente los conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes percibidos a esa fecha. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, los viáticos, la movilidad fija, la ayuda escolar, los reintegros de guardería y el Sueldo Anual Complementario (SAC). Para los agentes en licencia extraordinaria sin goce de haberes, la base se determina sobre la última remuneración percibida antes del inicio de esa licencia, con las actualizaciones que correspondan al cargo. El pago se efectúa en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese.
El proceso de reestructuración del INTA se aceleró a partir de 2025, con el cierre de los programas Prohuerta y Cambio Rural, dos de los pilares históricos de la extensión rural orientada a pequeños productores y agricultores familiares.
En materia de personal, en julio de 2025 el Ministerio de Economía pasó a situación de disponibilidad a 286 trabajadores de planta permanente. Los gremios denunciaron despidos encubiertos y alertaron por la pérdida de profesionales altamente capacitados, con impacto directo en proyectos de investigación de largo plazo. A esto se sumó un deterioro salarial sostenido: un investigador con 15 años de antigüedad se encontraba un 30% por debajo de los salarios de organismos equivalentes como el Conicet o el Senasa.
En julio de 2025, el Gobierno oficializó un cambio institucional de fondo. Mediante el Decreto 462/2025, el INTA dejó de ser un organismo autárquico y pasó a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, bajo la figura de ente desconcentrado. Junto con esta medida, se confirmó la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci). El nuevo esquema plantea que el organismo sea conducido por un presidente con rango de secretario de Estado, asistido por un consejo técnico ad honorem, y que se transfieran recursos y bienes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Desde adentro del organismo, las críticas fueron duras. Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional Córdoba, advirtió que con esta decisión "se rompe con un sistema de gobernanza virtuoso, donde el sector productivo y la ciencia decidían en conjunto", y sostuvo que la reforma no apuntaba a mejorar el instituto sino a vaciarlo políticamente.
En cuanto al territorio, el plan de reestructuración tiene como objetivo reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes. Con los cierres aprobados hasta abril de 2026, ya son 24 las agencias eliminadas, incluyendo cierres en varias provincias y la disolución completa del Centro Regional INTA AMBA. Entre las localidades afectadas figuran Vedia, Rojas, Laprida, Necochea, Balcarce, Saladillo, Oncativo y La Carlota, entre otras.
A nivel patrimonial, el proyecto contempla la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales y la unificación de centros regionales. Hubo movilizaciones frente al Consejo Directivo en rechazo a los despidos, el ajuste presupuestario y la enajenación de bienes, y en Castelar un amparo judicial llegó a frenar temporalmente el cierre de la estación experimental.
Pese a las resistencias durante 2025, cambios recientes en la composición del Consejo Directivo permitieron destrabar decisiones que habían enfrentado resistencias políticas y judiciales, abriendo interrogantes sobre el impacto en el territorio, especialmente en regiones donde las agencias cumplen un rol clave en la asistencia técnica a productores.
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