La Justicia boliviana pide 30 años de prisión para expresidenta Áñez por genocidio

La fiscalía de Bolivia pidió una condena de 30 años de prisión para la expresidenta de facto Jeanine Áñez al acusarla formalmente de "genocidio" por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en la que murieron 20 personas y otras 200 resultaron heridas.

En este sentido, la fiscalía del país andino anunció que "se requerirá, luego del Juicio Oral respectivo, la pena máxima de 30 años de privación de libertad para los autores y partícipes" de lo ocurrido. Es por eso que el Ministerio Público extendió su petición de cárcel a otras 17 personas, entre las que se incluyen varios de sus colaboradores de confianza, así como a antiguos altos mandos militares y de la Policía.

En la lista de acusados figuran, además de Áñez, el exjefe de Defensa Luis Fernando López; el antiguo ministro de Gobierno Arturo Murillo; el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Sergio Carlos Orellana; el exjefe de Estado Mayor de las FFAA Pablo Arturo Guerra Camacho, así como otros altos cargos militares de la nación latinoamericana.

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El 12 de noviembre de 2019 y en medio de una crisis social, asumió Áñez. En aquel entonces el presidente Evo Morales fue presionado por cívicos, policías y militares para renunciar al cargo y refugiarse en México.

Entre el 15 y el 19 del mismo mes estallaron manifestaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad que, amparados en un decreto supremo que los eximía de responsabilidades penales por el uso desmedido de la fuerza, dispararon mortalmente a una veintena de civiles.

Estos episodios sucedieron unos días después de que Áñez se proclamara presidenta de Bolivia, poco después de la renuncia forzada de Evo Morales, considerada por muchos como un golpe de Estado. El líder indígena abandonó el cargo en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.

Áñez, por aquel entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre primero proclamándose como presidenta de la Cámara Alta boliviana y, más tarde, como titular del Estado. Todo ello en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores.