La Corte Penal Internacional ordenó la detención de Vladimir Putin

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el viernes que emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la presunta deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

También ordenó por el mismo motivo el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.

El delito que les imputan a Putin y Lvova-Belova es considerado como un crimen de guerra.

"Hay motivos razonables para creer que Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (artículo 28(b) del Estatuto de Roma)", expresa la orden de arresto dada a conocer en las últimas horas.

El día jueves, una amplia investigación que cuenta con el respaldo de la ONU señala distintos ataques rusos contra civiles ucranianos que incluyen la tortura y el asesinato sistemáticos de civiles realizados en las regiones ocupadas.

En el primer informe redactado el comienzo de la guerra, la Comisión de investigación de la ONU sostiene que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.

Además, se constató que la serie de bombardeos que comenzaron en octubre contra las infraestructuras relacionadas con la energía de Ucrania y "el uso de tortura por parte de las autoridades rusas pueden constituir crímenes de lesa humanidad".

Hasta ahora, el grupo interrogó a 348 mujeres y 247 hombres. También visitó 56 localidades donde inspeccionó sitios destruidos y lugares de sepultura y de tortura.

Por otro lado, los investigadores documentaron "un pequeño número de violaciones cometidas por las fuerzas armadas ucranianas, incluidos probables ataques indiscriminados y dos incidentes que pueden considerarse como crímenes de guerra".

El informe recomendó "que se investiguen todas las violaciones y crímenes y que los responsables rindan cuentas, tanto a nivel nacional como internacional". En ese marco, pidió "un enfoque integral de la rendición de cuentas que incluya tanto la responsabilidad penal como el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición" de los crímenes.