Una comisión del Congreso de Brasil procesar al expresidente Jair Bolsonaro junto a otras 60 personas, entre ellas 8 generales retirados, un almirante y empresarios del agronegocio, por haber organizado, financiado y planificado el intento de golpe de Estado del 8 de enero para derrocar al mandatario Lula da Silva.
La Comisión parlamentaria aprobó procesar a Bolsonaro por intento de golpe de estado
Con 20 votos a favor y 11 en contra, la fiscalía procesó al exmandatario brasileño junto a otras 60 personas, quienes intentaron derrocar al presidente Lula da Silva.
La Comisión Parlamentaria mixta de Investigación (CPI), iniciada hace cinco meses, aprobó el informe de la senadora Eliziane Gama, del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), creado a partir de testimonios, quiebras de secretos bancarios y telefónicos y documentación oficial para abordar el asalto a la sede de los poderes en Brasilia perpetrado por miles de bolsonaristas que reclamaban la intervención del Ejército por considerar que hubo fraude en las elecciones vencidas por Lula.
"El 8 de enero es obra de lo que llamamos bolsonarismo. No fue un movimiento espontáneo ni desorganizado; fue una movilización idealizada, planificada y preparada de antemano. Los ejecutores fueron inspirados y organizados por instigadores que definieron fechas, ruta y estrategia de manera coordinada para afrontar y ocupar espacios", afirmó la senadora Gama.
Por su parte, el bolsonarismo, acusó a la Comisión de haber omitido supuestas responsabilidades del gobierno de Lula que había asumido una semana antes en la prevención del asalto al Palacio del Planalto, el Congreso, y el Supremo Tribunal Federal. Esta posición fue derrotada incluso con el voto de la derecha opositora moderada.
El caso le pone presión a la situación de Bolsonaro, quien negó tener vinculación con el intento de golpe de Estado.
El informe de la comisión pide el procesamiento de Bolsonaro por cuatro delitos como asociación ilícita, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, que podrían conllevar, en caso de que se acepte la denuncia y se lo juzgue, 29 años de prisión.
El líder ultraderechista, que esta semana hizo campaña en las redes sociales a favor de la elección del candidato Javier Milei en las presidenciales argentinas del domingo, está siendo investigado en siete causas y fue inhabilitado para participar de elecciones hasta 2030 por parte de la justicia electoral, que lo condenó tras denunciar falsamente ante embajadores extranjeros un supuesto complot en su contra con el uso de las urnas electrónicas cuando era presidente.
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