Todo indicaba que España tendría una nueva ley de amnistía. Pero sorprendentemente, uno de los partidos que la impulsa decidió votar en contra a último minuto, y el proyecto regresó a la Comisión de Justicia. ¿Qué pasó para que Junts, el partido independentista catalán liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont rechazara la misma ley por la que condicionó su apoyo a la reelección de Pedro Sánchez?
Vayamos desde el principio. Luego de las elecciones generales de España en 2023, en las que salió vencedor el PP, Alberto Núñez Feijóo no logró reunir los apoyos necesarios en las Cortes Generales para su investidura. De esta forma, el rey Felipe VI encomendó a Pedro Sánchez que intente formar gobierno. Para eso, el socialista tejió una red de apoyos, sustentada principalmente por los partidos independentistas encabezados por Junts, que ofrecieron su apoyo a cambio de una ley que extinguiera los delitos de los que se acusa a los separatistas por la consulta popular de 2014 y el referéndum de independencia de Cataluña de 2017.
A pesar del fuerte rechazo del pueblo (que desde noviembre viene realizando masivas protestas), la ley iba a ser aprobada el martes 30 de enero. Pero poco antes, comenzaron a moverse dos investigaciones judiciales que podrían condenar al líder de Junts Puigdemont, y a otros separatistas, por los delitos de terrorismo y alta traición, que nunca quedaron contemplados en el texto del proyecto, ni fueron parte del acuerdo.
El juez Manuel García Castellón imputó a Puigdemont por terrorismo, en la causa relacionada con Tsunamic Democràtic, una plataforma independentista creada en 2019 desde donde se impulsan protestas masivas que derivaron en graves disturbios públicos. Desde el PSOE recientemente cuestionaron que “los tiempos de la Justicia están empíricamente alineados con los legislativos”.
La otra causa es conocida como Voloh, y es la que deriva en el delito de alta traición. Esta investigación busca determinar si Puigdemont y otros miembros de su gobierno mantuvieron vínculos estrechos con el Kremlin, dispuesto a apoyar “económica y militarmente” la independencia catalana.
A la vista de estos nuevos hechos, Junts se negó a último momento a aprobar la ley que reclamó desde un inicio, para presionar a Sánchez a que incorpore el terrorismo y la alta traición en la ley de amnistía. Pero el gobierno se negó.
El proyecto regresa ahora a la Comisión de Justicia para que sus posibles modificaciones se realicen en el plazo de un mes. Pero el problema es que, de no lograr un acuerdo, el largo mandato de gobierno que le queda a Sánchez se verá seriamente comprometido. Sin el voto de los independentistas, el socialista difícilmente podrá promover cualquier iniciativa en el Congreso porque no le alcanzan los votos. Esta historia promete otro capítulo.